Los ex fiscales de alta complejidad Carlos Gajardo y Pablo Norambuena serán el equipo jurídico externo que indagará los eventuales delitos al interior de la corporación municipal de Viña Del Mar.
La alcaldesa Macarena Rippamonti acusó, en un live de Instagram, prácticas de crimen organizado con el fin de defraudar al municipio durante la administración anterior, además que actualmente existe un déficit de unos 12 mil millones de pesos en la Muninicipalidad de Viña.
"Tenemos la obligación de aportar esos antecedentes para que se investiguen, y que los tribunales de justicia y el Ministerio Público, como órgano persecutor, determinen la participación o bien la no participación, pero que eso se investigue y se les diga a las personas qué es lo que sucedió", manifestó.
"Hubo personas que participaron concatenadamente para la generación de algún tipo de delito o bien hubo problemas de gestión grave, de modo tal que hoy día tienen quebrada a la Corporación Municipal", aseguró la autoridad comunal: "Es decir, que (la municipalidad) no puede autosustentarse, que lo que tiene son flujos negativos, que no puede sobrevivir por sí sola".
"Depende de transferencias corrientes de este municipio, y que a cargo tiene 53 establecimientos educacionales y diferentes dispositivos de salud que le salvan la vida a las personas. Ése es el problema grave", enfatizó.
GAJARDO ADVIERTE CON PENAS DE CÁRCEL
El ex fiscal Carlos Gajardo señaló que "los tiempos soplan a favor de la transparencia", agregando que existen dos antecedentes previos: el fallo del tricel contra la anterior alcaldesa, Virginia Reginato, y denuncias de funcionarios municipales.
"Esa es una sentencia muy fuerte, y da cuenta de que las labores que tenía que cumplir la alcaldesa (Reginato) por una sentencia definitiva, no por simplemente dichos de terceros, no fueron cumplidas. Segundo, por cierto hay antecedentes que en esta nueva administración se han recogido, básicamente declaraciones de personas que han vencido el temor", agregó el abogado.
"Se va a disponer de canales de denuncias para que se puedan favorecer las personas con seguridad, de manera anónima, que tengan conocimiento de estos hechos, para que los aporten a la Corporación y al municipio, para, finalmente, hacer llegar al Ministerio Público estas posibles irregularidades que, por cierto, de comprobarse, deberían ser sancionadas con penas privativas de libertad", remarcó el ex persecutor.
