Con arraigo nacional y firma mensual quedó Luis Alejandro Araya Ossandón, exdirector jurídico del municipio de Quintero, quien fue formalizado por abuso sexual y abuso sexual por sorpresa, cometidos en contra de dos funcionarias subalternas de su Departamento.
Los hechos investigados ocurrieron el 21 de diciembre de 2021 en el contexto de las celebraciones de fin de año que dicha repartición municipal realizó en el bar Stone de la comuna.
"El imputado Luis Alejandro Araya Ossandón, quien desempeñaba el cargo de director jurídico, le pidió a la abogada D.N.B.R. que se sentara junto a él, lo cual esta realizó, para luego comenzar a hablarle de manera muy cercana, recordando incluso temas que habían tratado en la entrevista de trabajo de la abogada", expuso el fiscal Pablo Bravo.
Así fue que el imputado comenzó a tocar a la víctima desde su cuello para comenzar después a bajar por la espalda: "Esto lo hacía el imputado mientras le hablaba a la víctima sobre su futuro laboral. Ello terminó solo cuando la víctima se levantó abruptamente y se dirigió al baño del local", sostuvo el persecutor, quien calificó este hecho como abuso sexual.
Luego, la víctima junto a la funcionaria administrativa E.O.M. se retiraron caminando hasta el domicilio de esta última, circunstancias en la que según el persecutor "a pesar de la negativa de las víctimas las acompañó hasta dicho domicilio al cual ingresó y se mantuvo durante algunos minutos en su interior".
De esta manera, al retirarse el imputado "en contra de la voluntad de E.O.M., la tomó con sus manos de los hombros y la besó en su boca a la fuerza, a la vez que ella intentaba esquivarlo diciéndole que no quería hacerlo".
Ante los hechos, el fiscal Bravo estimó que el imputado actuó "de una manera intimidatoria y también premunido de la posición de superioridad laboral".
"Estamos hablando del jefe del Departamento Jurídico de la municipalidad y estamos hablando de una de ellas -la víctima del hecho 1- una abogada que trabajaba ahí y que incluso, en su propio relato, comenta que le hablaba y le decía cómo había sido su desempeño laboral mientras la estaba abusando (...) le decía que ojalá pudiera permanecer más tiempo ahí. Eso es claramente una intimidación y además aprovecharse de la superioridad y cargo que mantiene en ese momento", explicó.
"En el caso de la otra funcionaria, con mayor razón, quien no es abogada y además a la fuerza le da un beso", expuso el persecutor Pablo Bravo, cuyas medidas cautelares solicitadas fueron acogidas por el Juzgado de Quintero, que dio un plazo de investigación de 60 días.
