El Ministerio Público cerró la investigación contra tres imputados por fraude al Fisco en la arista "horas extras" que sigue en contra de la Municipalidad de Viña del Mar. Se indagan eventuales delitos cometidos entre julio de 2014 y marzo de 2015, tiempo en el que según la formalización y la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) se emitieron ocho decretos de pago por un monto que bordea los 9.500 millones de pesos "firmados indistinta o conjuntamente por los imputados".
Sin embargo, del monto anterior, solo poco más de 56 millones de pesos son constitutivos de delito a juicio del Ministerio Público, que imputó los hechos a Pablo Staig, ex jefe subrogante de Finanzas y administrador municipal durante la administración Reginato; Manuel Echeverría, ex director de Finanzas; y Javier Garrido, funcionario de la sección de remuneraciones del municipio.
Según la Fiscalía, los pagos fueron equivalentes a horas extras imposibles de trabajar en un día y que los funcionarios que recibieron los pagos se encontraban de vacaciones o con permiso legal.
Miguel Alfaro, defensor de los tres imputados pidió el sobreseimiento de sus representados argumentando que los hechos formalizados no son constitutivos del delito de fraude al Fisco, pues los pagos tienen que ver -a su juicio- con un promedio de horas extras realizadas previo a los pagos, lo que fue rechazado por el tribunal.
En ese sentido, el defensor citó un informe de Contraloría emitido en 2013, en el que se establece que aquella no es la forma de incrementar los sueldos, pues "esta manera de pago procedería respecto de ciertos trabajadores que estén contratados por turnos, regulares, rotativos y que permanentemente hagan horas extras".
Agregó que "esa afirmación se amplió a otros trabajadores que cumplieran turnos para permitir la continuidad del servicio público. El tema llegó hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso y a la Corte Suprema, donde en un fallo que cité la Corte de Apelaciones, cuando la Municipalidad dejó de pagar de esta manera, ordenó que se pagara porque de los contrario se estarían vulnerando las garantías constitucionales de los funcionarios".
Ante ello, el fiscal Cristián Andrade se opuso al sobreseimiento argumentando que los montos pagados correspondían a "montos que en definitiva no se podían pagar por esas horas extras porque excedían lo físicamente permitido para trabajar, o sea que no se pueden trabajar más de 24 horas a día".
El persecutor agregó que "cuando esos pagos son retroactivos, ellos incumplen sus deberes funcionarios, defraudan al Estado. No debemos olvidar que en esta causa existe un informe de Contraloría, que es el 438 de 27 de agosto de 2015 que reprocha estos pagos".
Por su parte, Tomás Palacios, representando del CDE, dijo que "recién a partir de esa fecha (2013) se dictaron decretos alcaldicios que autorizaban su realización (de pagos). Sin embargo, no especificaban fundadamente las labores extraordinarias que debía cumplir cada funcionario y las necesidades de su ejecución".
"Tampoco existe en el referido periodo un documento, reglamento, oficio o decreto que haya establecido cuáles funcionarios estaban incorporados al sistema de turnos o que de manera excepcional se encontraran insertos en un programa de trabajo que permitiera la continuidad de la prestación de la función pública", indicó el querellante, quien precisó que la formalización "versa sobre un monto pequeño de 56 millones, relación a los cientos de millones de pesos en relación a la arista de 'Horas extras'".
Ripamonti valoró avances
La alcaldesa Macarena Ripamonti sostuvo que "hay hechos constitutivos de delito que investigar y también hay participación de personas que hoy día están siendo imputadas por horas extra. Agradecer también al Consejo de Defensa del Estado, que está representando de manera brillante al municipio de Viña del Mar, pidiendo que se investiguen todas las diligencias para que se otorgue cada una de las pruebas".
"Señalar que este municipio ha hecho todo de cuanto nuestra responsabilidad dependa, que el día 1 regulamos las horas extra para que se paguen y compensen conforme a la ley", añadió.
Tras el cierre de la investigación, el Ministerio Público tiene un plazo de 10 días para presentar acusación y establecer qué delitos y qué penas perseguirá en el juicio oral.
Aquello sin perjuicio de que para el 23 de septiembre se fijó una audiencia de reapertura de la indagatoria a solicitud del CDE.
