La Fiscalía de Valparaíso solicitó el sobreseimiento definitivo del vicealmirante de la Armada (R), Osvaldo Schwarzenberg, quien mantenía calidad de imputado en la investigación desformalizada por el eventual delito de prevaricación administrativa.
Esto, luego de que autorizara el vertimiento de cerca de nueve mil toneladas de salmones muertos en Ancud, sin perjuicio de que solo cerca de cinco mil fueron los efectivamente arrojados.
La investigación se radicó en Valparaíso debido a que el oficial dirigía, al momento de los hechos (2016), la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) que tiene base en la ciudad puerto.
El 21 de noviembre de 2018 la fiscal de Los Lagos, Pamela Salgado, iba a formalizar a Schwarzenberg, sin embargo, éste no se presentó.
No existen antecedentes
Pese a ello, el Ministerio Público comunicó al juzgado porteño que no existen antecedentes para configurar el elemento de prevaricación y, de igual forma, dio a conocer la decisión de no perseverar en el resto de la causa.
Lo anterior, el fiscal a cargo, Claudio Rebeco, lo fundamentó con el informe 716 de Contraloría, emitido el 13 de marzo de 2017, donde se hizo referencia al Convenio de Londres que protege el medio marítimo.
"Se verificó que la autorización otorgada por Directemar para el vertimiento de desechos de pescado en la región de Los Lagos se ajustó a la normativa aplicable contenida en el Decreto 136 del 2011 del Ministerio de Relaciones Exteriores que promulga el protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por vertimiento de desechos y otras materias", leyó el persecutor como parte del informe del órgano contralor.
Posteriormente, Rebeco especificó que dicho protocolo "establece ciertas normativas de excepción" frente "a casos de afectación de la salud pública", que se habrían cumplido en el acto de verter cerca de cinco mil toneladas de salmones muertos al mar.
"Este instrumento establece una excepción permitiendo que bajo determinados supuestos, excepcionales por cierto, pero que suponen afectación para la vida humana, puedan realizarse vertimientos de desechos de peces en el mar", sostuvo el fiscal Rebeco.
Riesgos
Asimismo, indicó que las 39 mil toneladas de salmones que murieron debido a "una surgencia producida por un ascenso de algas nocivas en el océano", "producen una emanación de ácido sulfhídrico con riesgo evidente para la salud humana".
De igual forma, Rebeco señaló que desde la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático (Dirinmar), dependiente de Directemar, indicaron que lo que puede constituir un riesgo es el tratamiento con químicos de las biomasas, pero no los desechos como tal.
"El vertimiento de peces muertos, materia orgánica en descomposición, no provoca ningún efecto indeseado en el mar, el dejo está en el vertimiento de material químico usado en ensilaje".
Lo anterior, expuso Rebeco, fue "certificado por Sernapesca y por las empresas salmoneras que acompañaron informes de laboratorios contratados por ellos".
"Sernapesca certificó además que no se había pesquisado en la biomasa evidencia de químicos de ensilaje", relató el persecutor, quien también expuso que Dirinmar pidió un informe técnico a sus propios asesores.
Agregó que los niveles de ácido sulfhídrico "ya habían superado las ocho partículas por millón, que es un rango de alta toxicidad y riesgo para la salud humana".
Conclusión
En conclusión, el fiscal sostiene que "¿se puede decir que habiendo actuado en un contexto de emergencia, el director de la Directemar, (...) cometió prevaricación? ¿Es una manifestación contraria a derecho? Sostenemos que no, básicamente por el contexto de emergencia. (...) No había otra opción por los riesgos para la salud".
Asimismo, Rebeco dio cuenta que los autores de informes técnicos fueron sobreseídos por el mismo tribunal y que el Tribunal Ambiental "desecho demandas al no poder acreditar la causalidad del vertimiento de salmones y el daño que se habría producido a los recursos hidrobiológicos".
Al respecto, la totalidad de los querellantes se opusieron a la solicitud de sobreseimiento y a la decisión de no perseverar en la causa.
Orieta Llauca, querellante en la causa, indicó que la situación debe ser conocida por un juez, que el estado de emergencia referido por Fiscalía debe ser acreditado en un juicio y que faltaron estudios que establece el protocolo de Londres.
"Los informes que tuvo a la vista el director (de Directemar) son elaborados por quienes representan a la salmoneras, parte absolutamente interesada. Los informes de los demás servicios se basan en ese único informe. Ellos hacen estudios, pero no los que demanda el protocolo de Londres, no hacen análisis del mar ni de la materia que se iba a verter y mucho menos análisis conjuntos", fueron parte de los alegatos de la querellante.
El Juzgado de Garantía de Valparaíso fijó para este sábado a las 10:30 horas la audiencia para comunicar la resolución en la que se establecerá si se acogen o no las peticiones planteadas por el fiscal del Ministerio Público, Claudio Rebeco.
