Valeria Carvallo había sido contratada por el ex alcalde Christian Beals, ocasión en la que presentó un título profesional falso.
El lunes había asumido el cargo de consejera regional luego del fallecimiento del core reelecto Rolando Stevenson.
Por falsificación de instrumento público y ejercicio ilegal de la profesión, la Fiscalía formalizará a Valeria Carvallo Suma de Villa, consejera regional por San Felipe que asumió el cargo recientemente tras el fallecimiento de Rolando Stevenson.
Así lo establece el documento firmado por el fiscal sanfelipeño Eduardo Fajardo, quien solicitó que se fije audiencia para la imputación de cargos por presuntos hechos cometidos entre octubre de 2020 y mayo de este año, mientras Carvallo era funcionaria municipal.
En ese sentido, el Juzgado de Garantía de San Felipe agendó audiencia para el 16 de febrero de 2022 en modalidad telemática.
Lo anterior dice relación con que Carvallo presentó un título falso de trabajadora social cuando fue contratada en el municipio de la comuna durante la administración del alcalde Christian Beals.
En esa línea, e independientemente de lo penal, el abogado Juan Carlos Manríquez, representante de los concejales Basilio Muena, Ricardo Covarrubias, Guillermo Lillo y Rafael Sottolichio, solicitó al Tribunal Electoral Regional (TER) inhabilitar al ex jefe comunal de ejercer cargos públicos por notable abandono de deberes y contravención grave a las normas de probidad administrativa.
"A modo de una muestra del incumplimiento de sus funciones por parte del ex alcalde señor Beals, la Contraloría Regional Valparaíso determinó que el señor Beals, en su calidad de jefe de servicio de la Ilustre Municipalidad de San Felipe, contrató a doña Valeria Carvallo Suma de Villa, quien presentó un certificado de título falso que la acreditaba como trabajadora social del Instituto Profesional AIEP, de la Universidad Andrés Bello", se detalla en el escrito.
Agrega que "en el periodo de enero a junio de 2021 se detectaron al menos 67 contrataciones directas, muchas de las cuales son manifiestamente ilegales, vulnerando la normativa vigente de compras públicas".
Asimismo se detectaron contrataciones excesivas de medios de comunicación, modificaciones de grados de personal y contrataciones para programas específicos que prestaban servicios que no correspondía también son parte de las observaciones del ente contralor que el abogado Manríquez llevó al TER.
