Heraldo Muñoz pide a Piñera que eleve impuestos a las termoeléctricas
"Hoy el costo de producción de CO2 es cinco dólares la tonelada, mientras en cualquier país desarrollado es sobre 40 dólares", dijo el presidente del PPD.
Señaló que si el Mandatario lo sube al menos a 30 dólares, las mismas compañías irán abandonando los modos de producción contaminantes.
"Debemos cerrar las termoeléctricas a carbón máximo al 2030", dijo el ex canciller, al requerir a Contraloría que evalúe el cumplimiento del Plan de Descontaminación de Quintero-Puchuncaví.
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El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, propuso elevar el costo de emisión de CO2 a las termoeléctricas, para contribuir al cuidado del medioambiente y desincentivar el uso de este tipo de energía en la zona de Quintero y Puchuncaví.
"Debemos cerrar las termoeléctricas a carbón máximo al 2030. No podemos esperar más, y eso se puede hacer no con solo un decreto, sino que incrementando el costo de emisión de CO2", dijo Muñoz.
El ex canciller explicó que "hoy en día en Chile el costo de producción de CO2 es cinco dólares la tonelada, mientras en cualquier país desarrollado es sobre 40 dólares".
De este modo, "si nos vamos a 30 dólares el costo de emisión, estas termoeléctricas irán cerrando. Ése es el camino", dijo el ministro, que envió un mensaje al Presidente Sebastián Piñera: "Cierre las termoeléctricas y hágalo por la vía de exigir un impuesto mayor a la emisión de CO2".
Esta mañana el presidente del #PPD @HeraldoMunoz junto a l@s diputad@s @rodrigodiputado y @carolamarzan, además de concejal@s, ingresaron escrito ante Contraloría Regional de Valparaíso por inacción del Estado frente a la crisis ambiental en Quintero y Puchuncaví pic.twitter.com/EkzcavV38H
— Partido Por la Democracia (@PPD_Chile) 8 de octubre de 2019
Muñoz hizo estas declaraciones al presentar, acompañado del diputado Rodrigo Gonzalez, un requerimiento en la Contraloría para que se indague sobre el estado de cumplimiento del Plan de Descontaminación vigente.
"Hemos venido a la Contraloría para que fiscalice que las instituciones del Estado cumplan con su responsabilidad de no seguir contaminando, y tomar las medidas que la Corte Suprema les planteó: especialmente, que se sancione a las empresas del Estado por estos incumplimientos, y también a las empresas privadas", dijo González.