En prisión preventiva quedó M.B.M.G., de 23 años, imputada por homicidio frustrado y porte ilegal de arma de fuego, ilícitos cometidos el lunes en contra de un recolector de basura de Valparaíso, quien se mantiene en riesgo vital tras recibir el impacto balístico en la zona torácica.
En la audiencia de formalización, la imputada abandonó su derecho a guardar silencio y declaró que la víctima –según su relato- la habría estado hostigando y acosando sexualmente durante semanas y que pese a que llamó a Carabineros, PDI y el número de la mujer, no recibió ayuda, por lo que "por temor" se consiguió un arma con un amigo.
Según la fiscal Loreto Hermann, los hechos ocurrieron a la altura del paradero 23 de Rodelillo mientras la víctima A.B.R.S. se encontraba retirando la basura.
"Con intención de matar disparó directamente a su cuerpo, resultando la victima con un impacto balístico en la zona torácica, manteniéndose en riesgo vital", relató la persecutora.
Relato de la imputada
Por su parte, la imputada declaró que "la noche anterior esta persona estaba en mi casa, abro la puerta y ella sale corriendo, por lo cual me consigo un arma porque estaba muy asustada. (...) (El día de los hechos) esta persona golpea mi puerta y cuando abro se me trata de tirar encima, me toca el busto, lo empujo e intenta tomar el brazo de mi hija, yo tomo el arma de fuego y le disparo porque tengo que proteger a una menor de edad, que es mi hija (...) ¿Tengo que esperar que me haga daño a mí o a mi hija para que recién Carabineros, PDI o alguien diga 'ya, qué hacemos'?", declaró la imputada.
Agregó que la víctima "está completamente obsesionada, desquiciada y pervertida. No solo lo digo yo, tengo testigos. Ni siquiera puedo salir de mi casa tranquila, esta persona se baja los pantalones delante de menores de edad que son mis hijos".
Tras el relato, el defensor Rolando Soto se opuso a la prisión preventiva solicitada por Fiscalía, pidió perspectiva de género y destacó que su representada se habría sentido desvalida en su hogar, un lugar solitario donde intentó proteger a una menor.
Sin embargo, la magistrada señaló que si bien la condición de la imputada podría llegar a cambiar, los antecedentes vertidos en la audiencia "no son suficientes para desvirtuar las declaraciones de los testigos", por lo que ordenó la prisión preventiva y dio 90 días de plazo de investigación.
Consultada la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Valentina Stagno, no respondió.
