"Hay daños cada vez que tiembla y en todos los departamentos". Esto acusan los vecinos del Complejo Costa Golf de Marbella, ubicado en dicho balneario de la Región de Valparaíso, que consta de dos torres de siete pisos y 12 departamentos cada uno que están separadas por apenas ocho centímetros.
Julio Schultz, ingeniero civil y presidente de la comunidad afectada, contó a El Mercurio que cuanto tiembla "chocan las dos torres en la parte superior, generando una onda de energía que desciende y se expande al resto de la estructura".
Schultz dice que tres estudios realizados arrojan que "hay daño estructural", puesto que "las cajas de la escala (columna vertebral del edificio) se han roto", pero junto con eso "hay fisuras en los muros, se han caído los ventanales, los porcelanatos, las baldosas".
Por si fuera poco, Schultz dice que por "los daños que han producido los temblores" los apartamentos se han desvalorizado entre un 40 y 50 por ciento. Explica que las propiedades en ese sector se transan entre 90 y 100 UF por metro cuadrado, pero las suyas sólo alcanzan 50 UF por metro cuadrado.
Acciones judiciales
El matutino informa que en marzo de 2016 la Comunidad Edificio Costa Golf de Marbella presentó una demanda ante un tribunal civil contra la Inmobiliaria Costa Golf, ligada a Ingeval; la constructora Ingeniería e Inversiones Lamar y a su representante legal, José Rodrigo Martínez Astorquiza; la oficina de ingeniería estructural Luis Soler y Cía. Limitada y al mismo calculista Luis Soler.
La acción judicial actualmente está ad portas de iniciar el proceso de prueba en el 18° Juzgado Civil de Santiago, y en ella exigen una indemnización de 13 mil UF (cerca de 345 millones de pesos).
También solicitan medidas precautorias y embargo de bienes de los acusados, lo que ya fue rechazado por el tribunal, a excepción de la petición de embargo de la oficina de la inmobiliaria.
"Es una forma de presión"
Matías Riesco, representante de la inmobiliaria Costa Golf y de la empresa calculista Luis Soler, señala que la demanda es "una forma de presión para introducirle mejoras al edificio" a costa de sus defendidos, consigna el rotativo.
Sobre el supuesto choque de las torres, dice que puede deberse a la existencia de un suelo flexible –que no se le puede imputar a nadie, pues la normativa de mecánica de suelos rige desde 2010 y los edificios se construyeron en 2008-; o bien, a errores de construcción, con una cantidad de vigas de soporte menor a las estipuladas en los planos iniciales.
En un escrito ingresado a fines de marzo del pasado año en el marco del juicio, Riesco asegura que la acción judicial "es absolutamente improcedente" y que "los daños materia de la demanda no son estructurales, pues no afectan la soportante del edificio", por lo que hay no hay responsabilidad técnica de la empresas intervinientes en las construcciones.
En el texto, menciona que el mismo Julio Schultz, en un intercambio de correos electrónicos, le reconoce "expresamente que los vicios y daños del edificio no son estructurales", y apunta, además, que las personas han seguido adquiriendo inmuebles en los edificios, teniendo "a la vista los daños existentes" por los sismos recientes.
También recuerda que en 2013, "en un gesto de buena voluntad a cambio de un finiquito que ahora se pretende desconocer, la inmobiliaria pagó todas aquellas reparaciones que no fueron cubiertas por la compañía de seguros por los terremotos de 2010 y 2012".
El abogado acusa también que, "como la inmobiliaria ahora se negó a financiar el disipador de energía (pedido por los vecinos para evitar daños con cada temblor), nos demandaron por lo único que no estaba prescrito, que es aducir el daño estructural".
