El municipio de Valparaíso cerró el sumario administrativo que investigaba las responsabilidades de funcionarios en el incendio ocurrido el 21 de mayo de 2016, cuando falleció el guardia municipal, Eduardo Lara; concluyendo con la destitución del entonces jefe de Emergencias, Ricardo Valdés, y el encargado del Departamento de Logística, Roberto Torres.
Según consigna el Mercurio de Valparaíso, los funcionarios tienen plazo hasta el jueves para poder apelar a la medida adoptada por la casa consistorial.
"El sumario se encuentra terminado. Sin embargo, se encuentra corriendo el plazo para interponer un recurso de reposición ante el alcalde, por lo que aún se mantiene vigente el carácter de reservado del mismo. Una vez interpuesto el recurso, el alcalde resolverá ajustado a derecho y al mérito de la investigación", señalaron desde el Departamento de Comunicaciones del municipio porteño al matutino.
No obstante al carácter de reservado, el matutino sostiene que el sumario precisa que los funcionarios no tuvieron reuniones para planificar su accionar durante la Cuenta Pública presidencial, no establecieron medidas de seguridad para los empleados que trabajaron en aquel feriado y que no se contrató la figura de un jefe de seguridad municipal para ese día.
Al respecto, Ricardo Valdés, sostuvo que "hasta que esté ejecutoriado, cualquier sumario es secreto. En este caso la municipalidad, o quien divulgó esto, vulneró mi presunción de inocencia y creo que tendré que ejercer todas las acciones legales correspondientes".
Agregó que "se cometieron una serie de irregularidades al hacer esto, como también pienso que hubo una serie de irregularidades en el sumario mismo y a la calidad que se le dio", comentó el funcionario.
"Tendré que nuevamente batallar contra esas irregulariades y esas cosas que no las considero bien porque me considero inocente, hice todo lo que correspondía de acuerdo al estatuto municipal, pero se buscaron artimañanas que le traen dolor a la familia del señor Lara", señaló Valdés.
La determinación contra los trabajadores se toma a dos años y medio de ocurridos los hechos, pues la exalcaldesa Marina Huerta –quien asumió la jefatura comunal en 2016, tras la salida de Jorge Castro para ir a la reelección- había concluido el sumario con sanciones económicas para los involucrados, situación que al asumir Jorge Sharp como alcalde se vio revertida, decidiendo reabrir el proceso investigativo.
Asimismo, el sumario culmina a tres semanas de que el diputado Andrés Celis concurriera a Contraloría a denunciar que el alcalde Sharp no se ha pronunciado respecto de la investigación administrativa y en espera que la Corte Suprema resuelva si acoge o no el recurso de nulidad de juicio oral interpuesto por los seis condenados en el caso, a quienes se les otorgaron penas entre 12 y 15 años por el delito de incendio con resultado de muerte.
