En el año 2014 se ordenó a los custodios entregar a la menor, lo que no ocurrió. Por ello, ahora enfrentan los cargos de desacato y sustracción de menores.
Luego de siete años, la PDI de San Felipe ubicó a una menor de edad que mantenía a su favor una denuncia por presunta desgracia desde el 2014, año en que sus cuidadores no quisieron entregarla, luego de que el 7 de julio cesara una medida de protección del Juzgado de Familia.
La niña, actualmente de nueve años, fue hallada por efectivos de la Brigada de Investigación Criminal en una localidad rural de Los Andes, en buen estado y junto al matrimonio que deberá ser formalizado por desobedecer órdenes de la justicia.
El jefe de la Bicrim, subprefecto Marco León, explicó que la reactivación de la búsqueda de la menor se llevó a cabo tras una revisión y actualización de las presuntas desgracias vigentes, que se llevó a cabo en mayo pasado y que coincidió con una reiteración del Juzgado de Familia por dar con el paradero de la niña.
Lo primero, dijo el oficial, fue establecer si la menor estaba con vida o no, si había salido del país, cuál era su situación en el Registro Civil, entre otras diligencias, para luego determinar que se debía buscar a sus custodios.
Tras una recopilación de antecedentes, los detectives "van a un domicilio con el objetivo de obtener información y se encuentran con que esas personas reunían las características que decían que eran los custodios, ellos se identifican como tales cuando se les indica que el Tribunal había ordenado la búsqueda de la niña y prestan colaboración", dijo el subprefecto León.
Agregó que "fue una gran sorpresa porque se iba a descartar la información y estaban ahí, junto a la niña. Ella goza de muy buena salud y estaba con quienes había desaparecido en 2014. Esto se le comunicó al tribunal y ahora es él, en definitiva, quien determina con quién queda la custodia de la niña".
El oficial policial indicó que se trató de "un trabajo intenso y tenia vital importancia porque se trataba del paradero de una niña a quien se pretendía ubicar con vida. Ese era el principal objetivo de la investigación".
Por su parte, el fiscal del caso, Andrés Gallardo, explicó que cuando cesó la medida de protección en favor de la menor R.C.A.A. -el 7 de julio de 2014- el Juzgado de Familia le ordenó a sus custodios "entregarla en un plazo de 48 horas".
"Estas personas no lo realizaron, por lo tanto el Juzgado de Familia emanó una orden de investigar a la PDI y a su vez solicitó la formalización de los guardadores por los delitos de desacato y sustracción de menores", indicó el persecutor.
Agregó que sin embargo, los custodios "no llegaron a la audiencia respectiva, dictándose una orden de detención, luego la rebeldía de ambas personas y el sobreseimiento temporal de la causa hasta que los detuvieran. Una vez detenidas estas personas deberán ser puestas a disposición del Juzgado de Garantía de San Felipe para su formalización por los delitos ya señalados" precisó el fiscal Gallardo.
