Peritos establecieron una muerte violenta y Fiscalía pidió peritajes psiquiátricos.
El delito reviste características de femicidio amparado en la Ley Gabriela, pero fue promulgada posterior a los hechos.
Amanda Rojas tenía 24 años.
En prisión preventiva quedó C.I.M.R., formalizado por robo con homicidio en la persona de Amanda Rojas, estudiante de Punta Arenas que entre el 5 y 6 de diciembre de 2018 fue asesinada en su departamento del cerro Placeres de Valparaíso.
El hecho fue investigado por la Brigada de Homicidios y había sido caratulado como un suicidio. Sin embargo, se estableció la participación del joven que acompañaba a Amanda el último día que fue vista con vida, cuya identidad y rostro se prohibió revelar.
Las diligencias fueron impulsadas por el abogado querellante, Víctor Demaría, representante de la familia de la víctima, debido a un video que mostraba al imputado -que tenía una relación informal y de confianza con Amanda- entrar al departamento con la víctima y luego salir solo. Posteriormente, Amanda fue hallada sin vida por una amiga de la familia.
"Estranguló a la víctima para luego propinarle cinco lesiones cortopunzantes con un cuchillo en la zona cervical (...) lo que en definitiva le causó la muerte. Sustrajo el computador de la víctima, su teléfono iPhone y su billetera con diversos documentos y tarjetas bancarias, retirándose del departamento con dichas especies en su poder", relató el fiscal Pablo Avendaño.
Agregó que "posteriormente, durante los días 6 y 7 de diciembre del año 2018, en diversas oportunidades, el imputado utilizó indebidamente las tarjetas bancarias en nombre de la víctima. Estos hechos son constitutivos de robo con homicidio y uso indebido o malicioso de tarjetas".
"Es un delito gravísimo"
"La prisión preventiva satisface los objetivos que como querellantes teníamos desde un inicio, que es que se esclarezca este hecho y que quiénes tuvieran responsabilidad como autor en este delito gravísimo contra una mujer, como Amanda, cumpliera las penas que establece la ley", dijo el abogado querellante, Víctor Demaría.
Agregó que "nos sentimos satisfechos como querellantes de haber aportado antecedentes a esta investigación y de haber sostenido esta imputación desde el día 1 que mantuvimos la decisión firme, con convicción, de llevar adelante este trabajo para que la persona responsable quedara sujeta a medidas cautelares que le impidieran poner en riesgo al resto de las personas".
Asimismo, el fiscal Avendaño expuso en audiencia que tras el crimen el imputado declaró que Amanda le había pedido que la abrazara fuerte para después autoinferirse las heridas, cayendo a la cama y el imputando marchándose del lugar sin dar aviso de lo ocurrido.
Al respecto, Demaría sostuvo que "las declaraciones del imputado, francamente, fueron obstaculizando la investigación porque fue dando pistas bastante confusas y erróneas porque fueron dirigiendo la investigación hacia lugares que no eran los correctos", apuntó el jurista.
Muerte violenta y peritaje psiquiátrico
El trabajo de los peritos –según relató el Ministerio Público- concluyeron que las lesiones que presentaba el cuerpo de la víctima eran imposibles de ser autoinferidas, atribuyéndose a una muerte violenta por parte de terceros.
Además, en vasos del departamento fueron halladas las huellas digitales del imputado, respecto de quien el Ministerio Público pidió un peritaje psiquiátrico, al que la defensa accedió sin cuestionamientos.
"La diligencia del Ministerio Público apunta a afirmar o descartar algún trastorno de la personalidad que pudiera ser compatible con la acción homicida, tan cruel, tan vil, cometida en contra de Amanda", indicó el querellante.
Agregó que "me parece que el Ministerio Público quiere indagar sobre aquello porque el móvil y las dinámicas que describen las pericias y los distintos testimonios, la reconstitución de escena, etc., muestran una dinámica bastante abyecta, inmisericorde, fría y que todos sabemos que puede tener algún tipo de correlato en algún trastorno de la personalidad", puntualizó Demaría.
En la parte final del relato del fiscal Avendaño, éste sostuvo que los peritos también establecieron que el homicidio reviste características de femicidio según el protocolo de ONU Mujeres.
Sin embargo, la legislación que habría calificado como femicidio el crimen de Amanda no entró en vigencia hasta marzo de 2020, siendo conocida como la Ley Gabriela, que amplía el concepto de femicidio a los casos fuera de una relación afectiva.
En cuanto a posibles agresiones sexuales, que no fueron mencionadas en la audiencia, Demaría dijo que "hasta el momento no existe material genético en ese aspecto".
Sin embargo, precisó que "no podría afirmar que se descarta porque con una investigación abierta, podrían surgir algunos elementos indicativos de ellos, pero –insisto- hasta el día de hoy no hay informes que se dirijan a una agresión sexual, sino que únicamente a una conducta de robo con homicidio, que por cierto está categóricamente acreditado con sendos peritajes".
