Ocho ex funcionarios están formalizados por apremios ilegítimos contra menores del ex Cread.
La investigación fue reabierta y pese a haber transcurrido el plazo, faltan peritajes.
En 2019, el Presidente Piñera ratificó el cierre del recinto.
Más de un año ha pasado desde que el Juzgado de Garantía de Valparaíso reabrió la investigación contra ocho funcionarios del Sename que fueron formalizados y acusados por apremios ilegítimos contra niños del Cread de Playa Ancha, el que luego fue cerrado por el Presidente Sebastián Piñera.
Lo anterior para diligencias solicitadas por la parte querellante, desde la que advierten de posibles amenazas a quienes tendrían que declarar en un juicio.
El cierre de la investigación había sido en noviembre de 2019, tras lo cual la Fiscalía presentó la acusación, pero a inicio del 2020 la indagatoria se reabrió por seis meses para solicitar la diligencia que aún se mantiene pendiente pese a haber transcurrido el plazo estipulado.
En la acusación el Ministerio Público pidió para los presuntos autores del mencionado delito penas que oscilaban entre 800 días y 3 años y un día de cárcel para cada uno los individuos.
Según el documento, los ahora ex funcionarios incurrieron entre los años 2015 y 2016 en presuntas acciones violentas contra niños vulnerados en sus derechos.
El escrito de Fiscalía acusa a uno de los implicados de golpear con pies y puños a un menor, a otro imputado se le sindica como quien agredió a otro niño con una llave de judo, quien también fue objeto de amenazas de ataques físicos.
De igual forma, dice la acusación, un tercer formalizado es acusado de golpear a un menor, mientras que otro por empujar a un niño a la ducha, donde se golpeó el rostro y perdió dos dientes.
Golpes con varillas, amenazas de golpes, intentos de asfixia, cachetadas y derrame de alimentos conforman el resto de la lista de hechos precisados por el Ministerio Público.
Juan Carlos Manríquez, abogado querellante en representación del senador Francisco Chahuán (RN), sostuvo que "el cierre se dejó sin efecto para realizar diligencias que se han ido cumpliendo: como querellante hemos mantenido una actividad constante en la causa".
Agregó que "la última petición es del 5 de abril y dice relación con ubicar a una víctima -un menor- que hasta la fecha no ha sido localizado. Es para realizarle una pericia sicológica ante el Servicio Médico Legal. El punto es que queremos agotar esa diligencia porque es necesaria para acreditar los hechos, pero recibimos la alerta de que algunos de estos menores estaban siendo amenazados para no declarar en juicio".
Sobre esa base, señaló Manríquez, "queremos pedir medidas de protección y que se aceleren estas diligencias pendientes. (...) Queremos saber si este menor no ha sido ubicado producto de las amenazas o de otras circunstancias. Por lo tanto hemos pedido una orden de investigar al respecto. Reiteramos el cumplimiento de la diligencia y si por cualquier razón no fuera ejecutable por ahora, igual vamos a insistir en el cierre para avanzar a juicio".
El abogado Andrés Benavides, defensor de siete de los ocho imputados, sostuvo que "esta defensa confía en que mejorando el actual escenario sanitario pueda formular peticiones ante el Tribunal y/o Ministerio Público".
"Permanentemente como defensa estamos solicitando copia de la carpeta investigativa y no ha habido movimientos en la causa desde la reapertura. (La diligencia) parcialmente está pendiente. (...) Queremos poder sostener una entrevista presencial en Fiscalía antes de apercibir el cierre, lo que también podría hacer la Fiscalía de oficio", añadió.
Desde el Ministerio Público, en tanto, indicaron que las diligencias en cuestión "se están realizando. Corresponden a toma de declaraciones y pericias psicológicas, por ello la causa se mantiene vigente y estamos a la espera de los informes".
"Esto ha tenido el retardo de la pandemia y de las investigaciones complejas como esta, con varios imputados y varias víctimas, por eso queremos acelerar el cumplimiento de estas diligencias pendientes. Atendido que se trata de personas vulneradas y menores de edad, se le debe dar la preferencia que el caso amerita para llevarlo prontamente a juicio oral", sostuvo el abogado querellante.
Ley de adopciones
Desde el Congreso, la querellante y ahora presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), señaló que "lamento que el proceso judicial no avance más rápido. (...) Esperamos que el proceso no se cierre sin una sentencia condenatoria".
Agregó que "cualquier caso donde derechos de niños, niñas y adolescentes sean vulnerados debe ser perseguido. (...) Chile está en deuda con esos niños y con las familias que les ofrecen un hogar. No es sostenible mantener a miles de niños y niñas en centros del Sename o de instituciones colaboradoras si existen hombres, mujeres y familias de diverso tipo dispuestos a acoger a esos niños, niñas y adolescentes. Por ello hemos puesto dentro de nuestras prioridades -desde la presidencia del Senado- finalizar el trámite de la ley de adopciones".
"Debemos legislar no en el derecho de los adultos a tener hijos, sino en los derechos de niños y niñas a tener una familia que los cuide, ame y proteja", añadió Provoste.
Y el senador Chahuán indicó que "nosotros recurrimos incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esta situación y esperamos que dentro de los próximos días podamos ser evacuadas las última diligencias".
Desde la dirección regional del Sename declinaron referirse a la causa judicial.
