El Juzgado de Viña del Mar argumentó que la cuantía de dinero percibida por los imputados es relevante para las penas.
Fiscalía, que cerró la investigación el 14 de septiembre, no se opuso a la reapertura e indicó que la pericia no se realizó antes debido a la pandemia.
El Juzgado de Garantía de Viña del Mar reabrió la investigación en la denominada arista "Horas extras", que compete a la Municipalidad de la ciudad, acogiendo la petición del querellante Tomás Palacios del Consejo de Defensa del Estado.
Dicha indagatoria, había sido cerrada por la Fiscalía el pasado 14 de septiembre, estableciendo que los tres funcionarios formalizados habían defraudado al fisco en 56 millones de pesos.
Sin embargo, Palacios indicó que Fiscalía no decretó un peritaje contable que el CDE había solicitado en su querella y cuya relevancia radica en determinar "exhaustivamente" el monto defraudado, pues las penas por el delito de fraude al fisco dependen de la cantidad de dinero defraudado.
"Esta diligencia no ha sido decretada por el Ministerio Público. Atendido lo anterior y para el solo efecto de acreditar los hechos materia de la formalización respecto de los imputados querellados, solicitamos se decrete la reapertura de la investigación en 60 días para poder realizar el peritaje contable a cargo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI", dijo Palacios.
"Esta diligencia la estimamos pertinente, necesaria, para efectos de reforzar el elemento perjuicio del tipo penal por los cuales los querellados han sido formalizados", agregó el querellante.
Por su parte el fiscal, José Uribe, señaló que debido a la pandemia "ha sido complejo realizar esta pericia pero atendido que ya estamos volviendo a un estado de normalidad ncluso hemos conversado con el equipo Bridec y nos ha dispuesto un equipo especial para poder llevar esto en un plazo corto".
"Quizás no con el concepto de pericia, pero sí que nos hagan un estudio sobre ciertas planillas, acompañado de informes de Contraloría que nos va a permitir determinar los montos con mayor exactitud", señaló el persecutor.
El abogado Gonzalo Yuseff, defensor de la ex alcaldesa Virginia Reginato, pidió que quedara constancia de su rechazo a esta decisión e indicó que "creemos que no es motivo suficiente para justificar no haber realizado algo durante tres años. Suponer que no se sabe el monto de lo que se está investigando después de tres años también parece absurdo, el enjuiciamiento original ya se encuentra cerrado, se han realizado las diligencias y han ocurrido los hechos a una distancia que hace que lo que pueda ocurrir a estas alturas no es tan importante".
En ese sentido, la magistrada Aída Torres resolvió "la reapertura de la investigación para el solo efecto de que se realice una pericia contable. (...) Estaba dentro del plazo pertinente, el tribunal estimó que no se trató de una petición extemporánea ni tampoco dilatoria".
