Hay cuatro acusados por el asesinato del empresario Alejandro Correa, ocurrido en mayo del 2020, dos como autores y dos como cómplices.
La audiencia en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar inició el lunes y seguirá mañana en su tercera jornada.
Este martes se desarrolló en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar la segunda jornada de la audiencia de preparación de juicio oral contra las cuatro personas imputadas en el caso denominado "Sicario de Concón", en el que fue asesinado el empresario Alejandro Correa en mayo del 2020 y donde se encuentran cuatro personas formalizadas.
El Ministerio Público pide 38 años de cárcel para Víctor Gutiérrez Londoño, de nacionalidad colombiana, imputado por el asesinato de Correa, y quien presunamente recibió un pago para cometer el crimen: se desagregan en 20 años por el delito de homicidio calificado, 10 años por el homicidio frustrado del acompañante de la víctima, cinco por porte y tenencia ilegal de arma de fuego, y tres por receptación.
En tanto, para Renato López Fuentes, señalado por supuestamente haber pagado al sicario, la Fiscalía solicita 20 años de presidio, también por homicidio calificado: según los antecedentes, se presume que él decidió dar muerte al empresario después de que este lo demandara en 2019 por la ocupación de unos terrenos en Quilpué, acción judicial que seguía en curso al tiempo del crimen.
En la instancia de hoy el defensor penal privado de López, Héctor Petit, pidió que el tribunal excluyera como pruebas las armas inscritas que tenía su representado. Esto, según el abogado, porque el Ministerio Público no lo acusó de ningún delito relacionado a la tenencia de armas.
La Fiscalía desestimó la solicitud: "El acusado López tenía una serie de armas inscritas a su nombre y allí se incluyen escopetas, pistolas y un revólver. Si se le está acusando de autor de un homicidio calificado precisamente cometido por un arma de fuego calibre 38, resulta necesario también conocer si Renato López tenía acceso a armas de fuego, si tenía conocimiento de armas de fuego, si tenía conocimiento de manipulación de armas de fuego y, en definitiva, esto resulta así", arguyó el persecutor Stefan Kramar.
Finalmente, el tribunal rechazó la petición de la defensa, así como negó el retiro del primer testimonio de Riveros, del documento que da cuenta de la situación migratoria irregular de Gutiérrez y de las transcripciones de las comunicaciones de este último dentro de la cárcel, por haber sido debidamente autorizadas, según la magistrada.
La magistrada, Yesica Hidalgo, comenzó a relatar el rechazo de la exclusión de pruebas en la audiencia de preparación, manifestando que debido a la "renuncia voluntaria del acusado a su derecho a la asistencia letrada y a su derecho a guardar silencio" en más de una oportunidad. Continuó señalando que en medio de la decisión del imputado se podría haber verificado que tuvo "un proceso reflexivo mayor para reconsiderar su decisión, asesorarse, decistirse, etc."
"Se persistió en ejercer su derecho a declarar y ampliar las declaraciones de manera sucesiva, estando ante la policía por delegación del Ministerio Público, las peticiones de exlusiones de pruebas planteadas deberán ser desestimadas", finalizó.
Hasta el momento, sólo ha sido excluida de las pruebas un parte policial de 2015 alusiva a Gutiérrez, por ser hechos previos al evento que motiva esta causa judicial.
