La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló dos cargos de carácter grave contra Luis García, titular del vertedero "El Totoral", ubicado al interior del santuario de la naturaleza Quebrada de Córdova, en la comuna de El Quisco.
El primer cargo dice relación con la ejecución de un proyecto de acumulación y disposición de residuos orgánicos y escombros, junto con la construcción de un camino interior dentro de los límites del Santuario, que, además, contempla la ejecución de actividades de extracción de áridos a tan sólo 13,2 metros del lugar, ambos "sin contar con la respectiva Resolución de Calificación Ambiental (RCA)".
El segundo cargo imputa no dar respuesta a los Requerimientos de Información realizados por la Oficina Regional-Valparaíso de la Superintendencia en dos ocasiones.
"DEBIÓ SOMETERSE A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL"
En abril de 2018 la SMA recibió una denuncia respecto de la cual el Consejo de Monumentos determinó que "parte del vertedero se encontraba dentro del Santuario, afectándose la flora y fauna nativa del lugar, por lo que solicitó iniciar las investigaciones correspondientes para establecer si se configuraba delito de daño a Monumento Nacional".
"Se pudo constatar que la intervención en Quebrada de Córdova alcanzó un área aproximada de 0,46 hectáreas, afectación que se encuentra dentro de los límites del sitio que debe conservar el ecosistema terrestre de bosque esclerófilo mediterráneo costero, en particular de Litre y Peumo", explicó el superintendente de Medioambiente, Cristóbal de la Maza.
En este caso "se pudo constatar que el proyecto debió haber sido sometido al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) antes de su ejecución, obligación que hasta la fecha no se ha realizado, más aún cuando se trata de actividades consistentes en la acumulación y disposición de residuos del tipo orgánico de origen vegetal y escombros, además de la construcción de un camino interior", sostuvo la autoridad.
Debido a estos cargos graves, Luis García arriesga desde la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental, clausura o una multa de hasta 5.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA; más de 3.200 millones de pesos) para cada infracción.
El titular del proyecto tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento (PdC), y de 15 días hábiles para formular sus descargos, ambos plazos contados desde la notificación.