La Corte Suprema ordenó proveer 100 litros de agua al día a cada habitante de la comuna de Petorca, Región de Valparaíso, una de las zonas más afectadas por la sequía en el país.
La tercera sala del máximo tribunal acogió el recurso de protección interpuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y estableció el deber irrenunciable del Estado de suministrar agua potable a la población, lo que es una obligación adquirida debido a tratados internacionales en materia de DDHH a los que está suscrito Chile.
"El Estado de Chile, al ratificar diversos Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y otros instrumentos propios del Derecho Internacional, ha adquirido voluntariamente una serie de obligaciones", como el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que "garantiza el derecho a la vida", lo que incluye "el derecho de acceso al agua" y, en la misma línea, se establece el respeto a la "integridad física, psíquica y moral'", dictó el fallo.
Además, se apeló a los derechos constituidos en normas de organismos internacionales de los adultos mayores, de los niños, mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad y ciertos grupos vulnerables, como personas en situación de pobreza en zonas urbanas rurales.
Todo esto llevó a la conclusión de la Suprema, que es que "toda persona, por su dignidad de tal, tiene el derecho humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación; derecho que posee, como correlato, el deber del Estado de garantizar el acceso en las mencionadas condiciones".
De esta manera, se ordenó a la Seremi de Salud de Valparaíso y a la Gobernación Provincial adoptar las medidas necesarias para asegurar el abastecimiento de una proporción "no inferior" a 100 litros de agua potable al día a cada habitante de Petorca, especialmente, a miembros de grupos vulnerables.
El recurso de protección "deberá ser acogido" por la Seremi, que ya había presentado un recurso que fue apelado en octubre del 2020 -explican- ya que "hasta la fecha no ha cambiado las circunstancias que permitirían una eventual disminución del recurso hídrico, proporcionado para el consumo humano, sino que por el contrario éstas se han agravado dado lo prolongado del tiempo en que la pandemia del Covid-19 sigue afectando a la población mundial, circunstancia que evidentemente exige incrementar medidas de higiene y salubridad".
"Estamos esperanzados"
Sobre esta medida, Álvaro Escobar, presidente de la Unión de Agua Potable Rural de la cuenca del río Petorca (UAPR), valoró el fallo pero aún dice esperar ver cómo se va a implementar´.
"Muy esperanzado, pero también a la vez responden a cómo el agua en Chile es un bien mercantil, es colocarse en el lugar del otro para poder comprender una realidad en donde tú sabes que en verano con 30 grados si se te acabó el agua de tu estanque, no vas a tener hasta el agua cuando vuelva el camión", puntualizó el líder gremial.
Además, indicó que "más de diez años, una tremenda sequía y aún estamos tratando de poder levantar la voz, lo que es la dignidad de la vida humana con agua. La Suprema ratifica los 100 litros, pero tenemos que esperar que el Ministerio del Interior puede entregar los recursos a la Gobernación y a la Seremi de Salud para que finalmente a lo mejor optemos por más camiones aljibes".
Por su parte, el seremi de Salud, George Hübner, afirmó que "como Gobierno respetamos la institución y sus resoluciones, por lo que la Seremi Salud acatará lo determinado por los tribunales de Justicia respecto a esta y todas las materias de competencia en nuestra institución"
"Adoptaremos las medidas necesarias para asegurar el abastecimiento de agua en la provincia de Petorca", puntualizó la autoridad regional.
Otras medidas del Gobierno en materia hídrica
Este fallo se da en paralelo al anuncio de Presidencia de crear la Subsecretaría que promueve los recursos hídricos, un proyecto que generó una luz de esperanza no solo en la Región de Valparaíso, sino que también en el Maule.
En esta zona. la agrupación Defensa Río Coronel llevan esperando más de dos meses por una fiscalización de la DGA debido a una denuncia de extracción ilegal de agua de parte presuntamente de dos viñas de la zona.
"Si bien esto nos genera un poco de esperanza, eso no lo voy a negar, también nos provoca incertidumbre, porque si llevamos dos meses esperando la respuesta de parte de la Gobernación, también me insta la duda de quizás cuánto puede demorar el proyecto en salir para que de verdad sea algo que nosotros podamos ver con nuestros propios ojos", indicó Victoria Muñoz, dirigenta del organismo.
