El Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Quillota condenó al ex concejal RN de La Calera Karim Chahuán por robo en lugar no habitado, tras ser acusado de conducir el vehículo en el que una banda saqueó el mall de dicha comuna en octubre de 2019, en el contexto del estallido social.
Esta jornada y tras dar termino a los alegatos de clausura en el juicio oral, se dio a conocer la lectura de veredicto contra el ex edil, además de otros tres imputados por diversos delitos cometidos en 2019.
Además Chauhuán fue absuelto de los delitos de obstrucción a la investigación, tráfico de influencias, negociación incompatible, tráfico de drogas y uso malicioso de instrumento público.
A la ex autoridad comunal se le acusaba de facilitar vehículos para que imputados cometieran delitos, haber mantenido para la venta vehículos con patentes falsas en su automotora, haber intervenido como concejal en procedimientos policiales y en cuanto al robo se le señala como el conductor del auto que trasladó a otros imputados que saquearon el Mall Open Plaza de La Calera el 29 de octubre del 2019.
La magistrada Mónica Oliva detalló que los imputados "concurrieron en un vehículo conducido con Chahuán hasta las dependencias del Mall Open Plaza La Calera con la finalidad de sustraer o apropiarse de especies de las tiendas comerciales, valiéndose de su conocimiento y situación de tumulto y calamidad pública existente en el país en razón de las protestas sociales, lo que favorecía la comisión de ilícitos y de eventual impunidad. Al llegar a su destino ingresaron al centro comercial por vías no destinada tal efecto".
Por su parte, la defensa de Chahuán, el abogado Juan Carlos Manríquez, señaló que con esto se "descarta completamente su vinculación con una organización dedicada a traficar droga o a cometer otros delitos respecto de lo cual se le hizo tanto caudal", señaló Manríquez.
Agregó que "el tribunal dejó establecido, más allá de toda duda razonable, que no solo fue una falta de prueba lógica, precisa, concordante o armónica, sino que además los hechos que se establecieron no configuraban los tipos penales ni de complicidad para delitos de tráfico, ni tenencia de pequeñas cantidades, ni falsificación de motores de vehículos, ni siquiera una obstrucción a la investigación por supuestamente haber borrado algunas imágenes que no se acreditaron jamás".
"Menos haber traficado influencias o negociaciones incompatibles, dejando solo aquello que él reconoció y que dijimos desde el inicio: un solo hecho que el tribunal calificó de robo, considerando atenuantes y respecto del cual la pena no puede superar 541 días a 3 años, con beneficio", dijo Manríquez.
En ese sentido, el jurista pidió la liberación de su defendido, quien quedó con arraigo nacional y firma mensual.
"El tribunal decidio hoy, a petición de la defensa, liberar al señor Chahuán y ponerle término a una prisión preventiva que a nuestro juicio siempre entendimos desproporcionada de prácticamente a dos años", fustigó el abogado.
"Por eso, solicitamos que se condene en costas al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado, a la ex Intendencia, por no haber tenido motivo plausible para litigar en este juicio", agregó el jurista.
FISCALÍA NO VE UNA "DERROTA"
Desde el Ministerio Público, el fiscal Felipe González planteó que este fallo "no implica que estimemos que sea una derrota o eventualmente el resultado dé cuenta de que estos hechos no ocurrieron o que las personas investigadas no fueron sus autores".
Lo que viene ahora es "analizar las motivaciones del fallo, la fundamentación de esta resolución y evaluar la factibilidad de interponer recursos sobre estos puntos", apuntó.
Asimismo, consideró que el resultado, con la absolución de cinco delitos, "es factible dentro de un contexto de un análisis jurídico y no fáctico y del hecho", a la vez que enfatizó que "tenemos la tranquilidad de haber sobrellevado un juicio pudiendo acreditar la existencia de hechos y la participación de personas".
En la causa hay tres imputados más, los que fueron absueltos de siete delitos en total y condenados por robo con intimidación y tráfico de derogas.
La lectura de sentencia fue fijada para el próximo 15 de septiembre.
