La Contraloría General de la República emitió el oficio E157631 en el que recoge parcialmente los reparos hechos por la Corporación Municipal de Valparaíso respecto del informe final de auditoría N°273, emanado el 2020, que concluyó que 931 millones de pesos en subvenciones escolares fueron mal utilizados entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2019, ordenando restituir dicho monto al Estado.
El nuevo pronunciamiento del órgano contralor dice relación con un recurso de revisión extraordinario que presentó el ex gerente de la Cormuval, Marcelo Garrido, el que fue rechazado.
Sin embargo, de igual forma Contraloría decidió pronunciarse, reconsiderando la restitución de 516 millones de pesos, quedando más de 400 millones aún por justificar, los que serán sometidos a un juicio de cuentas ya anunciado.
El documento de 2020 había establecido que la mencionada cantidad de dinero correspondía al pago de ropa (uniformes), agendas, colaciones, empanadas, tortas, desayunos, almuerzos y servicios prestados por los liceos Técnico de Valparaíso y María Luisa Bombal a otros establecimientos educacionales que no fueron acreditados. Se estimó también que en dichos recintos educacionales faltaban $6.662.282 y $1.447.852, respectivamente.
"GARZONES Y COCINEROS MENORES DE EDAD"
Por lo anterior, Contraloría ordenó abrir un sumario al municipio porteño para determinar responsabilidades administrativas, como también envió el informe al Ministerio Público y a la Defensoría de la Niñez, debido a que en ambos liceos se "utilizaron a alumnos para trabajar como garzones y cocineros, siendo menores de edad y sin autorización expresa" para participar de actividades comerciales, las que el nuevo informe ratifica.
En ese sentido, de los 931 millones de pesos cuestionados en 2020, el informe reciente del órgano contralor reconsideró la devolución de 516 millones de pesos que tienen que ver con el pago de remuneraciones y bonos de 21 docentes y administrativos de los liceos Técnico y María Luisa Bombal.
En esa línea, la Cormuval señala –según el informe- que dichas contrataciones se enmarcaron en el programa de mejoramiento escolar, por lo que "considera que tales desembolsos con cargo a la SEP estaban justificados, pues las funciones que cumplieron fueron estrictamente pedagógicas".
Al respecto, Contraloría desestima los argumentos indicando que "respecto a la contratación de empleados para el desempeño -exclusivo o en jornada parcial- en las áreas productivas de los mismos, no resulta posible determinar qué proporción de las labores desarrolladas por tales fueron de índole educacional y cuáles de carácter comercial".
Sin embargo, agrega que "tales circunstancias no permiten determinar el monto de los desembolsos que impliquen un eventual daño al patrimonio fiscal, por resultar improcedentes, ni tampoco cómo las ejecuciones de tales labores incidieron en la obtención de ingresos para sus respectivos establecimientos educacionales, motivo por el cual se reconsidera en esta ocasión la observación formulada por la suma total de $516.801.420".
Ante el nuevo informe, el secretario ejecutivo de la Cormuval, Eduardo Riquelme, señaló que "recibimos de muy buena manera esta resolución, la que significa un gran paso para el esclarecimiento de los hechos imputados a esta administración, toda vez que las actividades productivas, en general están ejecutadas conforme a la ley, son lícitas, y apuntan a los fines pedagógicos de los y las estudiantes porteños, intentando fortalecer la educación pública de nuestra comuna e insertar con gran desarrollo de habilidades prácticas a los egresados de los establecimientos técnicos, en el mercado laboral, lo que implica para ellos un valor agregado que los hace más atractivos para empleadores que busquen su contratación".
