El diputado Leonidas Romero (RN) pidió la suspensión del cargo.
Wladimir Fica (RN) dijo que no se va a pronunciar hasta que termine el proceso.
Actualmente la Fiscalía y Contraloría de forma paralela investigan presuntos delitos en un finiquito falsificado.
Una querella por no denunciar el presunto delito de falsificación de instrumento público que se amplió al alcalde de Laja, Wladimir Fica (RN), fue acogida a trámite en el Juzgado de Garantía de Yumbel, respaldada además por un oficio de la Contraloría Regional del Biobío, que administrativamente lleva una investigación paralela.
En ella se acusa que Fica no dio cuenta a la justicia luego de enterarse que con fecha 25 de junio de 2018, la funcionaria del Daem, Rita Sanhueza, falsificó un finiquito de trabajo con firma del administrador municipal para cobrar un seguro de cesantía.
Todo comenzó a descubrirse luego que ese mismo día la AFC vía correo preguntara la veracidad de la desvinculación, lo que no era efectivo ya que la funcionaria continuaba trabajando y con contrato vigente a la fecha.
Tras ser descubierta, el 20 de julio de 2018 la funcionaria renunció y no se inició ningún procedimiento ni legal ni administrativo.
Sin embargo el 6 de noviembre de 2018 la funcionaria fue recontratada a honorarios por el municipio.
Solicitan suspensión del cargo
Todo esto fue denunciado a la Contraloría por tres concejales. Al pedir explicaciones, el órgano contralor obtuvo como respuesta que recién el 14 de noviembre de 2019 el municipio instruyó un sumario administrativo.
En el marco de esa solicitud se obtiene que la asesora jurídica del municipio informó de la situación al alcalde Fica recomendando iniciar las acciones que en derecho corresponde, pero como Sanhueza había renunciado, no lo hizo.
Por este motivo, el diputado de Renovación Nacional, Leonidas Romero, solicitó a la misma Contraloría que se suspenda de sus funciones a quien es además de jefe comunal, actual presidente regional (s) de Renovación Nacional, Wladimir Fica.
"Estas irregularidades, es necesario aclararlas a la brevedad, ya que está en juego la fe pública, los principios de probidad, eficiencia y transparencia, lo que, claramente vulneraria la ética y probidad que se espera de nuestras autoridades, las que están afectos a las normas legales pertinentes, especialmente las definidas en la ley de probidad y transparencia", dijo el parlamentario.
Consultado al respecto Fica, a través de un comunicado expuso que "el hecho que involucra a una funcionaria de nuestro Departamento de Educación, se encuentra en proceso de investigación por la Fiscalía, un proceso en el cual como municipio y Alcalde cuenta con toda nuestra colaboración y a disposición de sus resultados".
"Además no consideraré declaraciones de una persona que siendo Alcalde cuenta con procesos que lo relacionan con problemas judiciales por irregularidades bajo su mandato. En nuestro caso no contamos con antecedentes de ese tenor, y esto no viene a ser más que una cortina de humo", añadió respondiendo directamente al parlamentario.
