La audiencia de formalización del caso de la Fundación Bonhomía, programada originalmente para este miércoles, se pospuso hasta el próximo 25 de noviembre, debido a que varios imputados recién habían contratado abogados y necesitaban más tiempo para preparar su defensa.
El escándalo involucra un convenio entre la ONG y el Gobierno Regional (GORE) del Biobío por 356 millones de pesos para ejecutar el programa "Biobío Vive Sano".
Sin embargo, tanto el GORE como la Contraloría detectaron irregularidades que han generado una investigación penal y 11 personas están siendo acusadas de diversos delitos, de las que el Ministerio Público dice que tienen responsabilidad en diversos delitos de corrupción.
El abogado Gonzalo Elgueta, uno de los defensores, argumentó que los imputados tienen derecho a una defensa técnica adecuada y que la investigación es extensa, con más de 25 tomos y 500 páginas cada uno.
"Es imposible imponerse adecuadamente de todos esos antecedentes para defenderlos adecuadamente", explicó Elgueta.
El también defensor Humberto Alarcón señaló que la ONG ejecutó el proyecto de manera asociativa y rindió cuentas de manera debida, por lo que no entienden "cómo el Estado un día te dice una cosa, al otro día te puede decir otra cosa y, más encima, incriminarte" por algo que inicialmente aprobó.
"No vemos cómo eso puede ser reprochable desde el punto de vista penal", dijo Alarcón.
Marco Loyola, excontraparte técnica y otrora funcionario del GORE del Biobío, explicó que "yo no tengo nexo con ello, ni familiares ni los conocía. Fueron presentados durante mi trabajo. Hay que tomar en consideración que yo tomé este caso a una semana de haber llegado al GORE".
"Como funcionario no tenía ningún rol de jefatura, por lo tanto, yo tampoco tomaba decisiones respecto a si alguien llega con fundación o no. Mi acción es bastante limitada como contraparte técnica, ni siquiera como contraparte financiera"
Fiscalía: "Espectro bastante amplio"
La formalización se estima que tomará al menos cuatro días y el Ministerio Público considera que será un proceso de largo aliento.
La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, explicó que "lo que pasa es que usted tiene delitos que dicen relación con funcionarios públicos, todo lo que tenga que ver con los fondos públicos y su uso indebido inadecuado, otros que se atribuyen a entes privados, en los que se contribuye desde la estafa y otros a distraer estos fondos públicos".
"Es un espectro bastante amplio desde los tipos penales que ya hemos venido conociendo, no es primera fundación que formalizamos, es la tercera, y está más o menos dentro de ese espectro de delitos", complementó.
La investigación es parte de un caso más amplio conocido como "caso Convenios", que involucra a varias fundaciones y corporaciones que recibieron fondos públicos para proyectos.