La Corte de Apelaciones de Concepción admitió a trámite un recurso de protección interpuesto por la empresa Martabid, en representación de clientes que se ven afectados por constantes bajas de voltaje en sus viviendas: consecuencia, acusan, de que 250 personas que viven en una toma están colgadas ilegalmente al tendido eléctrico.
La acción legal busca que la Compañía General de Electricidad (CGE) se haga cargo de la situación e interrumpa el suministro hacia el campamento.
Álvaro Gómez, abogado de la empresa Martabid, expuso que el conjunto de conexiones ilegales "está afectando a los vecinos con bajas de voltaje".
En esa línea, "lo que busca esta acción legal es que la Compañía Eléctrica adopte medidas, fiscalice y haga uso de sus facultades legales en contra de las personas que están ocupando el terreno", donde "hay conexiones sin ninguna autorización y que están perjudicando a los vecinos (que residen alrededor) de esa toma".
En julio pasado, familias hicieron ocupación de un terreno de 62 mil metros cuadrados anexados a un conjunto habitacional nuevo, y que está destinado para la construcción de viviendas sociales, a las cuales se podrá postular con el subsidio DS 49. Sin embargo, debido a la situación, no hay avances.
Por lo mismo, se interpuso además una demanda civil contra 72 personas identificadas y una querella por el delito de usurpación, que tendrá una jornada de formalización programada para el próximo 29 de diciembre.
El tribunal de alzada penquista ordenó que en 10 días CGE, el municipio de Coronel y la Superintendencia de Electricidad y Combustubles emitan los respectivos informes.
Si bien se rechazó la orden de no innovar, el tribunal dictó que en un plazo de cinco días, brigadas de CGE deben concurrir al sector en cuestión en La Peña 2 para regularizar la situación.
Consultada la empresa eléctrica, indicó que, por ser un proceso incipiente, no se referirá públicamente al tema.
