Con diversas medidas cautelares terminó la extensa formalización de los 11 imputados por su participación en el tercer cuestionado convenio firmado por el Gobierno Regional del Biobío, denominado caso Bonhomía.
Se trata de una fundación que fue arrendada para poder hacerse de los recursos que entregaba el gobierno regional de manera directa, y a la que se le indaga un convenio que permitió la realización del proyecto Biobío Vive Sano, que obtuvo financiamiento por 356 millones de pesos.
El tribunal desestimó la solicitud de prisión preventiva en contra de cuatro imputados y dejó con arresto domiciliario total a Simón Acuña, exjefe de división de Desarrollo Social del Gobierno Regional, y con arresto nocturno y arraigo nacional a los tres líderes de la organización.
Germán Acuña, padre de Simón, sostuvo que "estamos en el contexto de una investigación que está sesgada desde todo punto de vista, la fiscal insiste en atribuir a Simón Acuña más poder que el gobernador, o sea, el zar del Gobierno Regional es un jefe de división".
El abogado de los empresarios de la fundación, Gonzalo Elgueta, aseveró que "nos parece que quedó en evidencia y así lo recogió el tribunal, la total desproporción de la solicitud del Ministerio Público de una necesidad de cautela, de prisión preventiva, para nuestros representados. Eso lo valoramos y analizaremos los antecedentes para ver si solicitamos alguna otra modificación al respecto de la cautelar decretada".
Se decretó un plazo de investigación de 10 meses.