Se investigan los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y estafa.
La formalización de los otros dos involucrados fue aplazada, ya que no fueron notificados.
En el Juzgado de Garantía de Concepción se llevó a cabo este martes la formalización de dos exfuncionarios del Gobierno Regional del Biobío por su presunta participación en la arista "Mi Hogar Asuncionista" del caso Convenios.
Se trata de Tamara Vidal, excontraparte técnica, y quien destapó todas las aristas de este caso en la zona, y de Simón Acuña, exjefe de la división de Desarrollo Social, quienes habrían estado involucrados en la firma de un contrato por 160 millones de pesos.
La fiscal regional Marcela Cartagena detalló que "el hecho uno es constitutivo del delito de fraude al fisco, el hecho dos es constitutivo del delito negociaciones incompatibles y el hecho número tres es constitutivo del delito de estafa. Estos tres delitos los comete Vidal Vera en condición de autora material y en grado de consumado".
"En relación al imputado Simón Acuña, se considera que comete el delito de fraude al fisco en calidad de autor material y en grado de consumado", añadió.
La persecutora explicó que "es haberse prestado para que se defraudara dinero de todos los chilenos que, ojo, está destinado a acercarse a la comunidad, a sectores vulnerables, para quedarse con el dinero con subterfugio".
Asimismo, apuntó que el caso de "Tamara Vidal es más complejo en el caso de esta fundación, ella busca esa fundación, crea todo el programa, está comprobado, y ahí ya comete otros delitos; porque comete el delito de fraude al fisco, comete el delito de estafa, derechamente, y además el de tráfico de influencias, porque queda totalmente establecido cómo transgredió sus deberes funcionarios para lograr que se contratara a personas, para rodearse de amigos que, por otro lado, no tenían las capacidades y eso también se traduce en delitos".
Viviana Leal y Claudio Portiño, representantes de la fundación, no fueron notificados de la audiencia, por lo que se espera que se fije una nueva fecha para su formalización.
Finalmente, la formalización culminó, pero queda el debate de cautelares, que se retomará este miércoles.
La Justicia decidió excluir al abogado del GORE Marcelo Torres, por haber una sobrerrepresentación al considerar que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) es quien vela por los intereses del Fisco.
El gobernador Rodrigo Díaz defendió que Marcelo Torres "no solo ha sido profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción, abogado integrante de la Ilustre Corte de Apelaciones, es un buen asesor. Ahora, al CDE en reiteradas oportunidades le hemos escrito, le hemos ofrecido colaboración, le hemos pedido que reciba nuestros antecedentes, (y) ha estimado lo contrario".
"Bueno, tienen su potestad para hacerlo, pero el ordenamiento de la participación en causas penales de lo que se nos ha convocado, el Ministerio Público y que se discute en los tribunales, bueno, requiere una capacidad que no es la que está en los abogados del GORE, porque ellos son expertos en derecho administrativo, que es una rama y disciplina distinta al derecho penal", ahondó.
Sin embargo, esta asesoría penal legal cuesta 1.000 UF, por lo que el consejero regional Gabriel Torres cuestionó que "se están malgastando los dineros del GORE, porque la verdad es que no sé si este señor se está preocupando más de la defensa de la primera autoridad o la defensa de los bienes que corresponde velar por los intereses del GORE, y yo creo que la Fiscalía tiene bastante claro de que aquí han sido mal utilizados y se ha dado mal uso a los dineros públicos que estaban a cargo de estas personas, entonces sería algo así como la prevaricación".
"No podría estar en ambas partes defendiendo algo donde ellos tienen responsabilidad. Eso es lo que se entiende, eso es lo que se lee. También creo que está actuando de buena manera, tanto el CDE como la Fiscalía, en velar por los intereses del patrimonio de lo que es el GORE", añadió.
