El Juzgado de Garantía de Arauco desestimó decretar prisión preventiva contra el tío abuelo de Tomás Bravo, único sospechoso -para la Fiscalía- de la muerte del pequeño de tres años, tras considerar que los antecedentes del caso aún no acreditan que el menor haya sido asesinado ni existe evidencia que vincule al familiar.
En una audiencia de ocho horas, el fiscal jefe de Arauco, José Ortiz, formalizó a J.E.E.E, de 57 años, como autor del presunto delito de "homicidio calificado", asegurando que actuó "a traición y sobreseguro"; agravó así la figura señalada en principio, de "homicidio simple", tras la detención el viernes -luego del hallazgo del cuerpo del menor-.
El persecutor expuso hallazgos del sitio del suceso secundario -donde fue encontrado Tomás-, las características y posición del cuerpo, la "ausencia de vestimentas inferiores" en éste, además del informe preliminar de autopsia: este, aunque señala que la causa de muerte aún es "indeterminada y en estudio", el fiscal invocó que el contenido refiere "sutiles signos macroscópicos de edema cerebral compatible con hipoxia", por lo que apuntó a una presunta asfixia cometida por el tío abuelo.
Asimismo, detalló supuestas "contradicciones" en las declaraciones que fue prestando el imputado en el transcurso del tiempo, y que la versión que -consideró- fue "estructurada y aprendida"; así como la existencia del mapa dibujado en una hoja, que fue incautado en poder del imputado, lo cual -según Ortiz- contribuía a sostener que había un "relato aprendido".
También sostuvo que, "mediando un traslado poco prolijo entre la vegetación", provocó en el pequeño "múltiples escoriaciones en el cuero cabelludo, rostro, plano superior, torso, miembros superiores e inferiores, lesiones que no pudieron producirse por desplazamientos voluntarios, sino más bien con el menor fallecido: ello permite generar la hipótesis de que estas maniobras de traslado han ocurrido en dos etapas e intervalos de tiempos distintos, una consistente en su traslado a un punto aún indeterminado donde no fue visible a los rastreos inmediatos del día del extravío, y una segunda etapa posterior donde fue depositado en el lugar de hallazgo definitivo".
JUEZA DESESTIMÓ PRUEBAS DE LAS FISCALÍA
Sin embargo, la jueza de Garantía, Perla Roa, desestimó prácticamente todas las hipótesis sostenidas por el fiscal, en base a los antecedentes existentes a esta altura de la investigación y del proceso penal.
Primero, "resultan de vital impotancia las conclusiones en el informe de autopsia del SML, que señala que la causa de muerte es indeterminada y en estudio, pero además agrega que no es posible confirmar ni descartar intervención de terceras personas en el hecho", por lo que "no es posible tener por acreditado a esta altura de la investigación una acción homicida en los términos descritos en la formalización; tampoco es posible, con fundamentos de peritajes, extraer una conclusión científicamente confiable sobre las caracteríasiticas del sitio del suceso y del estado del cuerpo del menor".
En lo relativo al "elemento contundente tipo elástico" que -dijo el fiscal- habría sido utilizado para la supuesta asfixia al menor, la magistrada también lo descartó de momento pues "no se cuenta acreditada a esta altura la concurrencia".
Además, "si bien el imputado fue la última persona con la que estuvo el menor en vida, tampoco existen elementos incriminatorios o evidencia que hayan sido recogidas o encontradas en las vestimentas del imputado, al interior de su vehículo o en su domicilio que lo puedan vincular".
Sobre el mapa mostrado por el persecutor, que presuntamente fue elaborado por el hijo del imputado y era una prueba "clave", la jueza Roa apuntó que "constituye un boceto general del lugar de extravío del menor, y por sí solo no es posible pretender concluir y obtener que imputado dio un relato aprendido en base a dicho elemento, el que además no hace referencia en ningún caso al sitio del suceso del hallazgo".
"Tampoco hay indicios o datos que explicarían la motivación del imputado en el hecho que se le atribuye"; por otra parte, las lesiones que presentaba el tío abuelo tenían una "data de seis días" y -preliminarmente- "no resultan compatibles con la fecha del extravío del menor", complementó Roa.
El mapa que presentó el fiscal, que fue incautado tras la "autorización voluntaria de ingreso al domicilio del imputado".
DEFENSOR VALORA "CONTUNDENTE" RESOLUCIÓN; PARA FISCAL, UN "AGRAVIO"
En la audiencia, la defensa del imputado afirmó que no hay pruebas suficientes "para hablar de homicidio calificado", que es una "tremenda acusación": en ese sentido, denunció que "se ha vulnerado la objetividad, lo han acusado sin ninguna prueba científica, contrariando todos los antecedentes científicos, en particular la investigación de la policía", y que sólo se ha "exacerbado el sufrimiento de la familia".
Tras la resolución, el defensor público Cristián Sleman valoró que, "en un contundente informe, (el Juzgado) concluye que aquí, en este estado de la investigación, no es posible atribuir una participación criminal de ninguna persona, y tampoco de nuestro representado", subrayando que "el SML, que hizo un peritaje de amplio espectro, no descartando ninguna hipótesis, entre ellas causas naturales, también ha determinado que en este estado de la investigación hay una causa de muerte indeterminada".
El fiscal Ortiz solicitó prisión preventiva para J.E.E.E., medida a la que no adhirieron las partes querellantes, como la Defensoría de la Niñez, familiares -papá y mamá- de Tomás y la Fundación Amparo y Justicia, entre otros.
Pero la jueza Roa desestimó la medida cautelar, la más alta del sistema penal chileno. El persecutor consideró la decisión como un "agravio" para la Fiscalía y apeló de manera verbal inmediatamente, debido a lo cual el imputado quedó bajo la figura de "prisión preventiva en tránsito": es decir, seguirá detenido hasta que la Corte de Apelaciones de Concepción resuelva formalmente el recurso.
En tanto, fijó un plazo de seis meses para la investigación, en consideración de la dificultad del caso y de la necesidad de la realización de una serie de investigaciones y diligencias científicas.
PAPÁ, CONVENCIDO DE PARTICIPACIÓN DE TERCEROS
El papá de Tomasito, Moisés Bravo, opinó que es "absurdo que la jueza no se haya convencido de que estamos ante la presencia de un delito, creo que las pruebas que hoy tenemos las comprueban en demasía".
"No me cabe en la cabeza y no me cabe duda (...) de que hay participación de teceros", enfatizó.
Desde la familia materna, en tanto, han defendido desde el comienzo que el imputado es inocente. Así lo reiteró su hermana, Elisa Martínez, abuela materna del menor fallecido: "Estamos tranquilos porque se sigue investigando y nunca ha habido pruebas (contra el tío abuelo), y no las van a encontrar, y no porque sea mi hermano y lo esté defendiendo, es porque es obvio que él no tiene nada que ver en esto".
Mientras tanto, "los verdaderos culpables andan sueltos", alertó, junto con manifestar que "es lamentable que la gente que nos juzgó es gente que no nos conoce; la gente que nos conoce nos ha apoyado todo este tiempo".
J.E.E.E. había sido detenido el viernes, inmediatamente tras el hallazgo del cuerpo de Tomás, y fue trasladado al Cuartel de la PDI en Lebu, el que fue atacado por personas indignadas por la muerte del pequeño. Ante ello, fue llevado al recinto de la Brigada de Homicidios de la policía en Talcahuano. El sábado, luego del control de detención y la ampliación de ésta hasta su formalización, fue derivado al Centro de Cumplimiento Penitenciario Concepción, también en medio de insultos y proyectiles.
El cadáver del pequeño continúa en el Servicio Médico Legal de la ciudad penquista, hasta donde han llegado diariamente muchas personas a manifestar sus condolencias, realizar velatones y exigir justicia. El instituto forense informó que hay exámenes que pueden tardar hasta 20 días.
