Carlos Silva Valenzuela presentó por sexta vez una solicitud.
El hecho ocurrió en Coelemu, actual región de Ñuble, en 1998.
La Comisión de Libertad Condicional sesiona dos veces en el año.
La Comisión de Libertad Condicional que sesionó en la Corte de Apelaciones de Concepción negó el beneficio al que postuló por sexta vez Carlos Silva Valenzuela, condenado a presidio perpetuo por la violación con homicidio de un niño en 1998 en Coelemu, actual región de Ñuble.
Desde 2018 que uno de los últimos condenados a pena capital -se salvó por la abolición de dicha sentencia en Chile-, que pide acceder al beneficio extracarcelario que contempla el código penal, sin embargo por unanimidad se rechazó su solicitud.
La ministra Nancy Bluck, presidenta de la comisión, señaló que "se tuvo especialmente en cuenta que según la información proporcionada en los informes de Gendarmería había una alta probabilidad que el interno en el régimen de medio libre no adhiriera a un programa de intervención, lo que es indispensable porque hay riesgos de reincidencia en varias áreas, por ejemplo, en manejo de la ira, en autocontrol, en resolución de conflictos".
"En los informes se estableció que, pese al tiempo que lleva recluido, no identifica los factores de riesgo de su comportamiento y que, además, casi no tiene apoyo familiar, por lo que la unión de todos esos elementos hizo considerar a la comisión que el riesgo de reincidencia era muy alto", agregó.
En esta oportunidad dicha instancia analizó un total de 218 solicitudes, concediendo el beneficio a 61 de los postulantes.
Los requisitos para postular al beneficio de la libertad condicional son haber cumplido la mitad de la condena y dos tercios en el caso de condenas por delitos graves; presentar una conducta intachable en el establecimiento penal, y contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería.
El principal cambio al trabajo de la comisión este semestre es el que produjo, el 17 de septiembre pasado, con la entrada en vigencia del reglamento del Decreto Ley N°321 que determina que estos órganos deben detallar fundadamente en sus informes si los postulantes cumplen o no cada uno de los requisitos, debiendo prestar especial consideración a la posible resocialización desglosada en los informes psicosociales.
