La Corte Suprema condenó al Fisco a pagar una indemnización de 1.000.000 de pesos a cada uno de los 6.630 vecinos del estero Nonguén y el río Andalién de Concepción que resultaron con sus viviendas dañadas por la crecida de ambos cursos de agua en julio de 2006 por las fuertes precipitaciones en la ciudad de Concepción.
En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Sergio Muñoz, Carlos Aránguiz, Manuel Antonio Valderrama y los abogados (i) Jorge Lagos y Leonor Etcheberry- determinaron que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) es responsable por falta de servicio al ejecutar obras del Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvia de Concepción.
"Que el Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Concepción tenía un plazo para su aprobación de cinco años contados desde la publicación de la Ley N° 19.525, esto es, desde el 10 de noviembre de 1997. Tal aprobación fue publicada en el Diario Oficial del 18 de enero del año 2003", dice el fallo.
"Como se adelantó, si bien la mencionada ley no contiene un plazo perentorio para realizar las obras sugeridas por el plan, aquellas que se ejecutaran debían hacerse teniendo en consideración la obligación contenida en el artículo 1° del citado cuerpo normativo y, en consecuencia, ser aptas para permitir el fácil escurrimiento de las aguas y evitar daños", indica la resolución judicial.
"Por otro lado, el Ministerio de Obras Públicas reconoce en las presentaciones ya citadas que ambos cauces ya habían registrado inundaciones y desbordes antes del año 2006 con motivo de precipitaciones intensas y de larga duración, de lo cual se desprende necesariamente que la obligación legal ya referida no fue cumplida por el Fisco de Chile", añade el dictamen.
"En efecto, después de tres años de aprobado el plan maestro y a nueve años de publicada la ley que impone la ejecución de obras, las efectivamente realizadas sólo pudieron calificarse de 'precarias', actividad mínima que evidentemente no satisface la exigencia legal", dice el fallo del máximo tribunal.
Víctimas consideran el fallo "una decisión positiva"
Tras conocer este fallo, Patricio Toledo, representante de las víctimas, comentó que "consideramos una decisión positiva, no así el monto que nosotros teníamos estipulado, pero lo que sí encontramos que se hizo justicia y que ellos encontraron razón a lo que nosotros estábamos pregonando de que por falta de servicios nos inundamos".
"Creemos en la justicia, que la Corte Suprema ha hecho un buen estudio con respecto a esto y yo creo que finalmente el millón de pesos que nos dan a lo mejor es insuficiente para muchas personas, pero tenemos que estar conformes", apuntó.
La cifra total que deberá pagar el Estado asciende a 10 millones de dólares y se estima que antes de fin de año el pago debe estar efectuado, ya que se debe regularizar la situación de los herederos de personas que fallecieron esperando esta determinación que tardó casi 11 años en llegar.
