Con firma mensual y arraigo nacional quedaron los seis ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) formalizados por su presunta responsabilidad en los casos de contaminación ambiental que se registraron en las costas de las regiones del Biobío y Valparaíso en agosto de 2018.
El Ministerio Público les imputó propagación de elementos contaminantes al medioambiente -teniendo conocimiento de sus consecuencias para la salud pública- debido al mal manejo de petróleo iraní en las cercanías de Talcahuano, Quintero y Puchuncaví, en un episodio que terminó con miles de personas afectadas en ambos puntos del país.
Los involucrados son: Carlos Lizana Guerrero, jefe del Área Terrestre del Terminal Marítimo Quintero ENAP Refinerías; Juan Pablo Rhodes Valenzuela, jefe del Terminal Marítimo Quintero; Edmundo Piraino Suez, gerente de ENAP Refinerías Aconcagua; Álvaro Hillerns Velasco, gerente de ENAP Refinerías Biobío; Jorge Farías Fuentes, jefe del Área Marítima de ENAP Refinerías Biobío, y Patricia Cabalá Leiva, jefa del Departamento de Operaciones de ENAP Refinerías Biobío.
Luego de tres jornadas de audiencia, el Juzgado de Garantía de Talcahuano fijó las señaladas medidas cautelares de firma y arraigo, y ordenó un plazo de 18 meses de investigación.
Pese a que se esperaba zanjar el tema en dos días, las extensas presentaciones de las partes querellantes y de la defensa obligaron a una tercera jornada. Entre los querellantes de la causa figuran el Consejo de Defensa del Estado, la Municipalidad de Quintero y particulares.
La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, expresó satisfacción con el trabajo que lleva adelante de manera exclusiva la fiscal adjunta de Talcahuano, Ana María Aldana.
"Lo tomamos con mucha tranquilidad, con satisfacción. Se debe destacar acá la colaboración de una fiscal especialista, que por decisión de quien habla ha trabajado de manera exclusiva y entonces implica el esfuerzo de todos los fiscales que han procurado que la fiscal Aldana pudiera trabajar tranquila", planteó.
Uno de los querellantes, el abogado Remberto Valdés, manifestó que "hay seis ejecutivos de ENAP que han sido catalogados, con una resolución judicial, por lo menos en esta etapa de la investigación, como absolutamente culpables como autores de un ilícito importantísimo, que ha causado la evacuación de 60 mil personas por una bomba tóxica en la Región del Biobío y ser también los causantes de un ácido sulfhídrico en la zona de Quintero, que causó un colapso médico a más de dos mil personas".
Defensa valoró resolución
Por su parte, Cristián Muga, abogado defensor de los imputados, resaltó que el tribunal señaló "que no se puede establecer niguna vinculación entre lo expuesto por el Ministerio Público con los daños que las víctimas dicen haber sufrido en cada una de estas regiones".
Además, Muga valoró que el Ministerio Público se haya dispuesto a investigar "causas alternativas" relacionadas con el caso.
"Nos parece muy valioso también, tanto en la resolución judicial, como la disposición del Ministerio Público, a investigar causas alternativas de estos hechos", manifestó.
En tanto, un séptimo imputado, el capitán de marina Joseph Darlington Flores encargado del "alije" del petróleo iraní, no se presentó por encontrarse navegando, sin embargo su audiencia por formalización de cargos se agendó para el próximo 9 de enero.
