La Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag) reiteró su petición de fortalecer el Estado de Excepción Constitucional tras el ataque de este lunes en que siete máquinas fueron quemadas en un camino público que lleva a una faena forestal de CMPC a 31 kilómetros del centro de Contulmo, en la Región del Biobío.
René Muñoz, gerente de Acoforag dijo que "los contratistas forestales queremos solicitarle al Gobierno que de una vez por todas se tome en serio este problema que ya nos afecta desde hace más de 10 años, que estamos llegando a ver cómo se queman nuestros equipos que con tanto esfuerzo hemos logrado tener y que le damos trabajo a miles de trabajadores".
Agregó que "como sector necesitamos un estado de excepción de verdad, que permita identificar, detener y procesar a los violentistas que hoy se pasean por los bosques del sur del país".
El intendente de La Araucanía, Jorge Atton, afirmó que la decisión de decretar un nuevo estado de emergencia es una determinación exclusiva del Presidente Sebastián Piñera.
La medida "va a ser tomada en función de la información que ya ha solicitado (el Presidente) a las distintas instituciones, donde también la intendencia es parte de lo mismo, nosotros hemos enviado nuestras apreciaciones, nuestra información respecto a los hechos de lo que ha sucedido en estos 30 días, pero la decisión final es representar a la comunidad", afirmó Atton.
"Debiesen estar encerrados"
Desde el Gobierno, el intendente de la Región del Biobío, Jorge Ulloa, dijo que está a la espera de los partes policiales definitivos para interponer las querellas respectivas.
Sobre el punto la autoridad señaló que "lo deseable es que no ocurra y naturalmente reciben el repudio de toda la comunidad, particularmente de quienes hacen su trabajo. Hay una serie de trabajadores que se ven afectados y yo creo que delincuentes de esta naturaleza debiesen estar encerrados".
En el lugar del ataque de este lunes se encontraron panfletos que pedían la libertad de los primos Tralcal, capturados tras estar prófugos de la justicia luego de recibir la condena a 18 años por su participación en el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay.
Este miércoles se adoptará la determinación de dejar al menos durante 30 días días más a personal del Ejército en la zona.
