Mininco reclamaba la propiedad de un predio de 169 hectáreas con documento de expropiación de 1967.
Justicia validó el trámite hecho en 1897 ante el extinto "juzgado de indios" de Cañete.
La justicia validó el título de dominio inscrito por la familia Lepillán en 1897.
La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó la demanda de reivindicación presentada por la empresa Forestal Mininco S.A, en contra de la sentencia de primera instancia del Juzgado de Letras de Cañete que reconoció la propiedad de la comunidad Rucañirre del predio ubicado en esa comuna y en el que viven herederos de la familia Lepillán.
En fallo unánime la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción privilegió la inscripción de dominio de la propiedad del lote I Puchacay, hecha en 1897, que posee la comunidad Rucañirre como herencia, por sobre el título de 1967 del demandante, conseguido tras un proceso de expropiación.
El conflicto se originaba por la superposición de planos en un área de 169 hectáreas en que Mininco reclamaba propiedad, sin embargo, en el litigio se comprobó que ese terreno efectivamente estaba inscrito a nombre de la comunidad mapuche desde el siglo antepasado, sin existir ningún registro de cancelación válido.
La jueza Carola Rivas explicó que el fallo "ha reconocido la validez y vigencia de la inscripción de dominiio del año 1897 del conservador de Bienes Raíces de Cañete que declara el dominio sobre el predio para un grupo de indígenas de apellido Lepillán, esta inscripción fue dispuesta por el juzgado de indios de Cañete".
"La pericia antropológica que se rindió en esta causa, concluyó que los actuales ocupantes del predio y demandados en esta causa son la comunidad Rucañirre compuesta por 30 personas unidas por el parentesco de la familia Lepillán y han hecho un uso histórico del terreno reclamado, pese a los conflictos y disputas por la tierra con colonos y empresas forestales", cerró.
Justicia como método de paz
La decisión judicial fue comentada por el gobernador regional del Biobío quien valoró que históricos conflictos tengan resoluciones judiciales definitivas, lo que sirve para avanzar hacia la paz en la zona.
Rodrigo Díaz expuso que "si hay una sentencia judicial lo que corresponde es aplicar los resultados, me encantaría que los procesos judiciales fueran más rápidos que lo que ocurre como también me gustaría que muchas acciones que pasan por la burocracia estatal también fueran más rápidas en el poder legislativo y ejecutivo".
"Buscar reivindicaciones por vía de los tribunales existiendo acreditación de título de dominio me parece que es una alternativa muy válida dentro de una democracia, también existen otras como por ejemplo la negociación directa, pero me parece muy válido que esa comunidad haya hecho valer a través de vía judicial sus reclamos y que se haya acreditado su propiedad", agregó.
Consultada la empresa CMPC, dueña de Mininco, se indicó que no comentan fallos judiciales.
