El senador Alejandro Navarro busca que la modificación retroceda a la etapa de consulta indígena.
El Minvu sostiene que todas esta tramitación administrativa ya se revisó en el Gobierno anterior.
El PRMC actualmente está a la espera de la toma de razón en Contraloría.
La Corte Suprema admitió a trámite un recurso de protección que había sido rechazado en la Corte de Apelaciones de Concepción y que busca suspender la ejecución del polémico Plan Regulador Metropolitano penquista (PRMC) ante la inexistencia de consulta indígena.
Dicha herramienta de planificación territorial había sido aprobada por el Consejo Regional del Biobío en medio de una serie de polémicas con argumentos a favor y en contra de la misma.
El máximo tribunal del país ofició a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para que en un plazo de 10 días se pronuncie respecto de la pertinencia de contar o no con consulta indígena en una propuesta que actualmente espera la toma de razón de la Contraloría.
El senador Alejandro Navarro expuso que "nuestra apelación a la Corte Suprema solicitando se realice consulta indígena en el Plan Regulador Metropolitano de Concepción, es dado las 96 mil personas o 13,5 por ciento de los hogares de esta población tienen origen mapuche".
"Espero que la Conadi tome conciencia de que su rol en el Estado no es representar a las comunidades, es hacer que la ley se cumpla en respeto de las comunidades y las comunidades mapuche urbanas están solicitando una consulta indígena", agregó.
El seremi de Vivienda del Biobío, Sebastián Abudoj, señaló que "esperamos que la Corte Suprema confirme lo resuelto en la Corte de Apelaciones de Concepción, esto es que habiéndose ya aprobado el PRMC por mayoría absoluta no se puede retrotraer su votación".
Añadió que "por lo demás este es un tema que fue debidamente abordado, en su minuto el Ministerio de Vivienda consultó si correspondía o no la consulta indígena, el Ministerio de Desarrollo Social en el Gobierno anterior señaló que esta modificación no perjudica comunidades indígenas, sino que las protege".
De hecho la Subsecretaría de Servicios Sociales en 2017 emitió un pronunciamiento referente a que no era necesario, por lo que la undécima modificación siguió avanzando hasta su votación y aprobación.
