El máximo tribunal acogió un recurso de protección presentado por un grupo de comerciantes de la comuna de Alto Biobío.
La delegada Daniela Dresdner aseguró que se utilizarán todas las herramientas en el marco del Estado de derecho para "entregar mayor y mejor seguridad".
La Corte Suprema revocó una decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción y acogió un recurso de protección que busca que la Delegación Presidencial del Biobío garantice seguridad y libre tránsito en el sector de Alto Biobío.
Esta acción judicial, presentada por 16 comerciantes, obliga a las autoridades a "tomar todas las medidas necesarias para evitar que ocurran nuevos hechos de violencia rural" en la zona.
La delegada presidencial Daniela Dresdner manifestó que "corresponden a denuncias que se hicieron durante el gobierno anterior, pero voy a insistir sobre esto, nosotros estamos haciéndonos cargo desde que entramos de esos problemas y vamos a seguir haciéndolo, ocupando todas las herramientas que nos entrega el Estado de derecho para poder entregar mayor y mejor seguridad a las personas que viven en estos sectores".
"Hemos avanzado con el estado de excepción, hemos avanzado con mejorar las capacidades de las policías, pero además estamos instaurando programas sociales de infraestructura, de mejora de las condiciones de las distintas comunidades y estamos también avanzando con los temas de restitución de tierras, con los temas de parlamento, todo esto es un conjunto de medidas que apuntan a resolver el problema de fondo, al mismo tiempo que entregamos seguridad a las personas", destacó la autoridad.
Al respecto, el gobernador Rodrigo Díaz recordó que "las materias de orden y seguridad pública están radicadas en el Ministerio del Interior (del que dependen las delegaciones presidenciales regionales y provinciales), es a éste y a sus autoridades a quienes les corresponde brindarnos seguridad a las personas en cualquier lugar del territorio".
"Es un desafío permanente, por eso existe una serie de mesas de trabajo y se han decretado reiteradamente estados de excepción, porque hay una brecha entre la seguridad que merecen las personas y la que se está brindando a la ciudadanía", enfatizó.
En este marco, a su juicio, el conflicto se debe abordar "trabajando, coordinando, articulando, respaldando la acción policial; y, por otro lado, haciéndonos cargo de los problemas políticos que están en la base del problema".
