Dos trabajadoras iniciaron demanda pero desistieron tras acuerdo extra judicial.
Una tercera denuncia anónima activó fiscalización de la Dirección del Trabajo.
La Dirección del Trabajo ordenó una fiscalización al CRI.
Dos ex trabajadoras de la Compañía Regional de Infraestructuras (CRI), firma tras el megaproyecto GNL Talcahuano, presentaron una denuncia ante la Inspección del Trabajo, y luego ante el Tribunal Laboral de Concepción, en contra del director ejecutivo y el gerente de comunicaciones de esa empresa, por acoso sexual, laboral y espionaje con interceptación de teléfonos.
Andrea y Rocío, de forma conjunta, narraron a través del escrito que sustenta su autodespido, presentado en diciembre de 2017, que "en diciembre de 2015, recién llegadas a la empresa, el director ejecutivo, Juan Francisco Sánchez nos advierte (...) que interviene nuestros celulares con la justificación de saber si filtramos información del Proyecto GNL Talcahuano con la competencia (GNL Penco)".
En la letra "E" del autodespido, se da cuenta de que "en el mes de mayo de 2016, el director ejecutivo Juan Francisco Sánchez, da a toda la empresa una semana libre, en donde él hace una invitación a nosotras (...) a pasar esa semana junto con él en unas termas con gastos pagados". Al recibir siempre respuestas negativas, el trato hacia ellas cambió por hostilidad y no asignación de funciones, denunciaron.
El punto "F" añade que el ejecutivo, también les ofreció salir con amigos en una dinámica de cita a ciegas. Además, recibieron comentarios "inapropiados de carácter sexual de parte del gerente de comunicaciones, Iván de la Rivera, el que genera un ambiente de acoso".
Desenlace judicial
Esta situación de estrés laboral llevó a las, en ese entonces funcionarias, a consultar psiquiatras y fueron diagnosticadas por distintos facultativos con un cuadro de trastorno adaptativo mixto, caracterizado por insomnio, irritabilidad y labilidad emocional, entre otras.
Con diagnóstico clínico en mano, interpusieron en la justicia una demanda por tutela laboral el 15 de enero de 2018, para exigir el pago de 9.500.000 de pesos. Pasaron dos días y el 17 de enero la demanda fue retirada según consta en el Poder Judicial.
El desistimiento obedece a un acuerdo extrajudicial, para evitar el juicio. La empresa accedió a pagar 3.000.000 de pesos a cada una de las denunciantes vía finiquito de contrato de trabajo.
Tercera denuncia
El capítulo estaba cerrado, sin embargo, una nueva denuncia a la Inspección del Trabajo reactivó todo. Un trabajador (a) en carácter de anónimo reafirmó, por escrito, que la denuncia inicial que no prosperó tras un acuerdo extrajudicial sí ocurrió, en todos sus términos, y que continuaba pasando al interior de la empresa con una nueva presunta víctima.
Referente a la arista de espionaje, se expuso que "para esto utilizan un moderno equipo de procedencia israelí, que han adquirido para estos efectos, los cuales también son utilizados para intervenir los teléfonos de políticos locales o cualquier persona de interés, según Juan Francisco Sánchez, esto sirve para obtener información primordial para el avance de sus operaciones".
Esta carta aparte de ser remitida a la Inspección del Trabajo, también se hizo llegar a las oficinas del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género a nombre de la ministra Isabel Plá, y a la directora regional en el Biobío del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, María Elena Buckle. Al respecto, no se hizo ninguna intervención ni solicitud de antecedentes.
Pronunciamiento de la Dirección del Trabajo
Consultada por Cooperativa, la oficina regional de la Dirección del Trabajo (DT) en Concepción, respondió en forma escrita, puntualizando que los dos primeros casos efectivamente ingresaron el 26 de diciembre de 2017 y al día siguiente fueron retirados porque seguirá el camino vía tribunales de justicia. Ellos no investigaron porque no se dio un precepto de admisibilidad que era la vigencia contractual, la que a la fecha no corría puesto que se notificaba por esa vía de un autodespido.
En cuanto a la tercera denuncia por supuesta vulneración de derechos fundamentales, la DT aclara que para iniciar el proceso investigativo el funcionario debe identificarse, sin embargo, de oficio, se ordenó a la Inspección del Trabajo iniciar una fiscalización ordinaria.
GNL Talcahuano termina contrato con CRI
Desde el inicio de esta denuncia, Cooperativa buscó una respuesta por parte de la Compañía Regional de Infraestructura (CRI), como también de la gerencia de GNL Talcahuano, al entenderse que ambas empresas están juntas. De hecho, comparten públicamente la misma dirección, en Avenida Padre Hurtado 320, piso 8 oficinas 5 y 6 en la capital de la región del Biobío.
A raíz de esto, GNL Talcahuano respondió vía comunicado. En él se indica que lo que presuntamente ocurrió en CRI, no es de su responsabilidad, ya que el vínculo con ellos culminó en agosto de 2017.
GNL Talcahuano es un proyecto con capitales extranjeros -EOS Investment U.S.A- con una inversión de USD 160.000.000. Tiene presentaciones en su contra por fraccionamiento del proyecto e invalidación impropia de RCA por presunta falta a la consulta ciudadana que llevan meses esperando un pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental.
Nota del editor: Las denunciantes fueron contactadas a través de su abogado, sr. Rodrigo Maltés. Vía correo electrónico, el jurista expuso que no tenían nada que declarar. A la vez solicitó no identificar a sus representadas –indicó que en caso contrario iniciarían acciones legales- por lo que para evitar su revictimización, fueron mencionadas en esta publicación, por su segundo nombre. La causa inicial es de acceso público en el Poder Judicial.
