La causa se originó tras el robo que afectó a un coleccionista de armas en la comuna.
Durante las diligencias, una de las piezas fue asociada al funcionario municipal, quien la habría recibido sin contar con los permisos correspondientes.
El encargado del Departamento de Seguridad Municipal de Yumbel, Jorge San Martín Robles, fue detenido por una presunta infracción a la Ley de Armas.
El caso comenzó tras el robo que afectó a un coleccionista de armas en la comuna de Yumbel, en la provincia del Biobío. A partir de esa denuncia, el OS9 de Carabineros inició diligencias para establecer el paradero de las piezas sustraídas.
En medio de la investigación, una de las armas fue asociada a San Martín. Tras esa vinculación, el coleccionista reconoció que le entregó al encargado de seguridad municipal, operación que se realizó sin contar con los permisos exigidos por la normativa vigente.
Respecto a los detalles del caso, el comandante José Rubio explicó que, "en abril específicamente, en el sector de Yumbel, hubo una persona que mantenía una cantidad de armas conforme a la autorización que contaba como coleccionista".
"En ese sentido, fue víctima de un robo con violencia, donde le sustrajeron una cantidad no menor de armas, aproximadamente 16 de estas. Dentro de ese trabajo investigativo, se logró establecer que otra de estas armas, fuera de estas 16 previamente sustraídas, había sido comercializada sin las autorizaciones que la ley exige", dio cuenta el funcionario policial.
En esta línea, indicó que "se hicieron las diligencias para detener a esta persona que adquirió un arma sin las autorizaciones legales que hoy exige la ley. No hay registro y es parte del trabajo investigativo que va a continuar luego de esta detención, en conjunto con el Ministerio Público".
Tras la detención, San Martín Robles fue puesto a disposición de la justicia para su control de detención y formalización. Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado.
Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Los Ángeles desestimó la petición de la Fiscalía y decretó el arresto domiciliario total, arraigo nacional y fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.
