Dos seremis recientemente designados en el Biobío mantienen un juicio de cuentas abierto en Contraloría, luego que el organismo fiscalizador detectara que ellos eran responsables solidarios de entregar bonos de desempeño laboral durante 2017 y 2018 a asistentes de la educación que no trabajaban en colegios en la comuna de Lota, por lo que era improcedente.
La Contraloría expuso que Hedson Díaz, ex administrador municipal de Lota, actual seremi de Desarrollo Social del Biobío, y Sandra Quintana, ex jefa (s) del Departamente de Educación Municipal, deben ser condenados a devolver al Fisco, junto a otras tres personas, alrededor de 27 millones de pesos.
Según informó el organismo el juicio de cuentas está abierto y en su primera etapa -de dos- desde el año 2019.
La voz de los involucrados
Hedson Díaz, seremi de Desarrollo Social del Biobío, respondió que "los trabajadores del Departamento de Educación presentaron una denuncia judicial y el tribunal otorgó ese beneficio, por lo tanto ellos ganaron esa demanda".
A juicio de Díaz, "es una acción judicial que se superpone a la acción administrativa, por lo tanto aquí no hay un tema pendiente, no hay nada que explicar, porque en este caso la acción judicial está cerrada y se superpone a la acción administrativa de Contraloría".
Sandra Quintana, seremi del Trabajo del Biobío, dijo que "yo estaba trabajando como jefe técnico en ese minuto, pero me tocó subrogar al jefe del DAEM y por eso mi firma está ahí".
"Este juicio se terminó en el mes de marzo de este año 2022, por lo tanto, ahora lo que corresponde es que el municipio de Lota debe devolverles este bono a los trabajadores, porque es un derecho adquirido", añadió.
Antecedentes no estaban a la vista
Daniela Dresdner, delegada presidencial del Biobío, expuso que "yo no tenía información previa respecto a esto. No sé si estaba en algunos de los otros órganos esto como información previa. Al menos yo no lo sabía".
La críticas por este hecho llegaron por parte del diputado Sergio Bobadilla (UDI), quien acusó que "la desprolijidad para nombrar funcionarios públicos en este Gobierno no tiene límites. Han nombrado a dos seremis que tienen juicio de cuentas, porque privilegian el cuoteo político y el amiguismo por sobre los antecedentes que pudieran tener las personas que han sido llamadas al Gobierno o por sobre las competencias que tengan. Es impresentable".
Según Contraloría todos los involucrados están notificados.
