Basados en los relatos de sus hijos, apoderados de quinto básico de la escuela Villa Centinela Sur de Talcahuano denunciaron que menores fueron tocados en zonas íntimas durante un operativo médico desarrollado este martes.
El despliegue en el colegio del sector de Los Cerros tenía como objeto elaborar la ficha CLAP de los alumnos, registro que el Ministerio de Salud define como una evaluación integral realizada a personas entre 10 a 19 años.
Una vez concluido el operativo, apoderados dieron cuenta de la supuesta exhibición de contenido pornográfico a algunos estudiantes, pese a que el estándar de esta ficha considera mostrarles ciertas fotografías, no videos inapropiados.
Además, ciertos niños acusaron haber sido obligados a desnudarse, lo que está fuera del protocolo del Minsal.
El alcalde de Talcahuano, Henry Campos (UDI), admitió que aquellas situaciones "pueden ser constitutivas de delito como abuso sexual", por lo que "la directora del establecimiento hizo la denuncia correspondiente y se vinculó a la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia", y acto seguido, "el Ministerio Público instruyó la investigación correspondiente a través de la PDI".
Por su parte, la escuela Villa Centinela Sur emitió un comunicado en el que manifiesta su apoyo "a nuestros niños y niñas, y sus familias que se vieron afectadas por la intervención del Minsal, a través del Cecosf Los Cerros".
"Entendemos que varios de ellos/as se pudieron sentir vulnerados/as, tanto física como psicológicamente, con el procedimiento que se utiliza para su aplicación", por lo que garantiza que "el establecimiento tomó, de manera inmediata, las acciones pertinentes para que se realice la investigación por parte de la Fiscalía".
Las clases del colegio y las reuniones de apoderados fueron suspendidas tanto este miércoles como mañana jueves, "ya que nuestra comunidad se encontrará en una jornada de trabajo para la toma de decisiones internas".
Además, se anunció la apertura de un sumario administrativo para aclarar lo ocurrido durante el operativo y si corresponde, determinar responsabilidades.
La Defensoría de la Niñez adelantó que oficiará "al colegio, al municipio, a la Superintendencia de Educación y la Seremi de Salud del Biobío -como responsable del operativo- para conocer detalles de la planificación y ejecución del procedimiento y solicitar las medidas administrativas correspondientes".
A su vez, la seremi de Educación, Elizabeth Chávez, afirmó haber "instruido al superintendente para que realice una fiscalización en el establecimiento, para que podamos conocer cómo se produjeron los protocolos".
"Es importante decir que los niños y niñas son relevantes, sus derechos no pueden ser conculcados. Bajo ningún escenario se les puede obligar a hacer algo que esté en contra de sus derechos", enfatizó.
La ficha CLAP evalúa de forma integral las distintas áreas del desarrollo de los y las adolescentes en su Control de Salud Integral (10 a 19 años) desde sus antecedentes familiares, situación emocional y características propias; es una evaluación que los ve como un todo.
MINEDUC CONDENA HECHOS "GRAVÍSIMOS"
En primera instancia, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, dijo desconocer el detalle del caso: "Estoy pidiendo el antecedente a la Seremi y le pedí que se constituyera también con la alcaldía para saber cuál es la acción".
"Preliminarmente, lo que sé es que es un operativo de salud, en ningún caso es -como señaló una radio- una charla asociada a algún tema de afectividad y sexualidad. Pareciera ser un operativo de salud similar al control sano", apuntó el secretario de Estado.
A la vez, aseguró que "son los sostenedores los responsables de las autorizaciones, lo mismo que los apoderados. Esto no depende del Ministerio de Educación".
Igualmente, Ávila calificó lo denunciado como "gravísimo, absolutamente condenable. Cualquier acción que tenga relación con la salud (se debe hacer) en un centro de salud y tiene que ser ejercido con la autorización de los padres".
A pesar de que el operativo no dependía del Mineduc, el diputado RN Diego Schalper indicó que "hemos oficiado al ministro, a la seremi y a la Superintendencia de Educación, y hemos incorporado este capítulo en la acusación constitucional, porque que se sigan dando situaciones como esta, donde niños se ven afectados en su intimidad sexual, no puede continuar. Por lo tanto, lo vamos a perseguir hasta las últimas consecuencias".
