Esposas e hijos de los mineros de Curanilahue que protestan desde hace 20 días en el fondo de un yacimiento descendieron hasta el fondo de la mina Santa Ana dispuestos a acompañar desde esta Navidad y de manera indefinida, a los 75 trabajadores que mantienen la manifestación.
A las 10:00 de la mañana de este sábado, un grupo de alrededor de 16 personas bajó los 650 metros de profundidad del yacimiento ubicado en la Región del Biobío, y solo fueron permitidos para bajar los niños mayores de 12 años, confirmó Luis Chandía, presidente del sindicato de trabajadores de la quebrada mina Santa Ana.
"Ya estamos en el día 20 y no ha pasado nada con el Gobierno. La intención de ellas (las cónyuges de los mineros) es mantenerse al lado de sus esposos hasta tener respuesta de parte del Gobierno", expresó Chandía.
Los representantes de los mineros estuvieron durante toda la jornada del viernes en Concepción esperando a ser recibidos por alguna autoridad de Gobierno, como parte del ultimátum que dieron como condición para que los familiares no bajaran a la mina, pero no fueron atendidos por el intendente de la región, Rodrigo Díaz, ni por el seremi de Minería, Lautaro Benítez.
Por ello, las esposas aseguraron que se mantendrán en el fondo del yacimiento junto a sus parejas por el tiempo que sea necesario hasta que tengan una solución al conflicto.
Senador Navarro: Hay incumplimientos del Gobierno
El senador Alejandro Navarro afirmó que la Presidenta Michelle Bachelet tiene que dar pronta respuesta al llamado de los trabajadores y sus familias.
"Yo tengo una opinión contaria a que las mujeres y los niños bajen a la mina, se los he manifestado, pero hay desesperación, hay angustia y una profunda desconfianza porque ha habido incumplimentos de parte del Gobierno", dijo el parlamentario.
Navarro advirtió que "la fotografía de una Navidad en el fondo de la mina va a dar la vuelta al mundo y creo que en el Gobierno deben evaluar de que Piñera sacó a los 33 y Bachelet tiene que sacar a los 70".
Los pirquineros están protestando porque, según ellos, el Ejecutivo no está creando las instancias necesarias para comprar la mina y poder trabajarla, faltando a uno de los artículos del protocolo del acuerdo alcanzado en 2015.
