El ex alcalde de Tirúa y convencional constituyente por pueblos originarios Adolfo Millabur afirmó este lunes que, según la familia de Yordan Llempi Machacán -comunero mapuche fallecido el pasado miércoles en el sector Huentelolén, en Cañete-, el disparo que le quitó la vida lo recibió en el patio de su casa.
Millabur asistió al velatorio y el funeral del joven de 24 años, y conversó con su padre: "Lo que me transmitió fue que -y lo que yo vi también- él recibió un balazo en el patio de su casa, y la casa queda a 50 ó 70 metros de la carretera donde sucedieron los hechos".
El constituyente indicó que, desde las autoridades y las Fuerzas Armadas "hablan de emboscada (contra los uniformados), y nadie hace una emboscada desde su casa".
"El papá me transmitió a mí que él escuchó cuando él (Yordan Llempi) dijo: 'Me dieron, me dieron un balazo', y él acudió a su hijo y lo encontró botado en el patio de su casa", agregó Millabur.
Consultado por si el joven se encontraba armado en ese momento, contestó: "No lo sé".
EL GOBIERNO SE QUERELLA
Yordan Llempi fue sepultado el domingo en Cañete, tras su autopsia, y las circunstancias en que falleció aún se investigan por parte de la Fiscalía. La arista sobre eventuales violaciones a los derechos humanos está a cargo del persecutor Nelson Vigueras.
Durante esta jornada, el Gobierno interpuso dos querellas relativas a los sucesos del miércoles en la ruta entre Cañete y Tirúa.
La primera invoca los delitos de homicidio frustrado, receptación, porte y tenencia ilegal de armas contra quienes resulten responsables. Entre las diligencias solicitadas, pidió e interrogar a los dos comuneros que fueron detenidos y que el Ministerio Público decidió la semana pasada, por falta de pruebas, no formalizar.
La segunda querella es contra José Nicolás Llempi Machacán, hermano del comunero fallecido, por el delito de receptación y porte ilegal de municiones, ligada a su detención circulando en un auto robado.
"Primero están los temas de lo que significa porte y uso de armas: el ataque a nuestras fuerzas policiales y a la Armada, y también todo lo que corresponda a hechos delictuales que se han detectado en estos días", explicó el delegado presidencial en el Biobío, Patricio Kuhn.
"El Gobierno sigue la línea de lo que su propio Departamento Jurídico decide, eso es lo que corresponde. Cada caso es diferente al anterior, pero siempre existe la obligación de parte del Gobierno de establecer las medidas necesarias jurídicas para que se produzca la investigación", agregó el funcionario.
Aún se está a la espera de la decisión del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) respecto a si interpondrá o no acciones judiciales por la muerte de Llempi.
