La Fiscalía ingresó este miércoles al Juzgado de Garantía de Concepción una solicitud para que programe audiencia de formalización contra dos personas que serán imputadas por su responsabilidad en la explosión de gas registrada el 21 de abril de 2018 en la Clínica Sanatorio Alemán de dicha ciudad, que causó la muerte de tres personas y dejó a decenas con lesiones.
Según detalló el fiscal Jorge Lorca, se trata del ingeniero en Prevención de Riesgos Patricio Canales Espinoza, quien, cuando ocurrieron los hechos, se desempeñaba como jefe del Departamento de Prevención de Riesgos del mencionado establecimiento.
También será formalizado Cristopher Toledo Silva, inspector de Emergencias de la empresa GasSur.
En opinión del Ministerio Público, ambos incurrieron en delitos culposos: "tres cuasidelitos de homicidio, un cuasidelito de lesiones graves gravísimas y un cuasidelito de lesiones menos graves, cometidos contra las personas que resultaron afectadas por el estallido", explicó en un comunicado.
Lorca planteó que "se ha podido determinar que hay responsabilidad de dos personas, el prevencionista de riesgos de la Clínica Sanatorio Alemán y la persona encargada de Gas Sur, que era el inspector de emergencia que concurre el día de los hechos al lugar donde ocurrió esta explosión".
"Ya vamos en seis tomos de investigación, se ha analizado una cantidad importante de imágenes, se incautaron todas las grabaciones del Sanatorio, se han recabado las declaraciones del personal que estuvo en el lugar, de las víctimas sobrevivientes también, y de los expertos", precisó.
"Negligencia, no dolo"
El fiscal Lorca pidió también al tribunal que dicte sobreseimiento definitivo en lo que respecta a las 46 personas que quedaron con lesiones leves, "teniendo en consideración que los antecedentes reunidos con las pesquisas dan cuenta que el estallido se produjo por negligencia e infracciones reglamentarias, sin que exista dolo, por lo que, tratándose de lesiones calificadas como leves, no son constitutivas de delito".
No hubo causalidad en deceso de mujer de 89 años
La Fiscalía de Concepción solicitó también sobreseer lo referido a una mujer adulta mayor de 89 años que estaba hospitalizada en la clínica y que fue trasladada al Hospital Regional de Concepción, donde falleció.
"El Ministerio Público sostiene que no existe causalidad entre su deceso y la negligencia e infracciones reglamentarias que causaron la explosión", informó la institución en el comunicado.
La Fiscalía informó además que "una de las víctimas y ambas empresas para las que los imputados cumplían funciones al momento de los hechos, arribaron a un acuerdo de indemnización de perjuicios con compensación económica. Esto, en virtud de lo contemplado en la ley para los casos de delitos culposos".
"Un paso importante"
La Clínica Sanatorio Alemán reaccionó a la noticia mediante una escueta declaración pública.
"Clínica Sanatorio Alemán reafirma su intención de conocer la verdad de los hechos ocurridos el 21 de abril del año pasado y esta noticia es un paso importante para ello. Como ha sido todo este tiempo, mantiene su compromiso de colaboración en el proceso", señaló.
En tanto, la empresa Gas Sur -empleadora del inspector de Emergencias Cristopher Toledo Silva- reafirmó "la voluntad de seguir cooperando con las autoridades".
La formalización, apuntó la compañía, "es la comunicación formal de los hechos de la investigación y no implica decisión final de un tribunal de justicia en este caso, ni menos condena.
Sin perjuicio de ello, "reafirmamos nuestra voluntad de seguir cooperando con las autoridades hasta el término de este proceso, tal como lo hemos hecho desde el primer momento", indicó.
Disconformidad en familia de víctima
La decisión de formalizar a estas dos personas no dejó conformes a la familia del trabajador Víctor Hugo Salazar, fallecido en el accidente, pues apuntaban como responsables a los gerentes y jefes de las empresas involucradas.
"No estamos conformes, se debía perseguir las responsabilidades de los verdaderos responsables y no cortar el hilo por lo más delgado. El prevencionista y el encargado de la emergencia de Gas Sur son solamente el último eslabón en la cadena responsabilidades", dijo el abogado Rafael Poblete.
"Lamentamos que el Ministerio Público en un hecho de tanta trascendencia, de tanta envergadura como esta, en una figura de tanto peligro que afectó a aquellas personas que se encontraban más desvalidas, no haya aplicado lo que en nuestro concepto son las normativas que rigen la materia", añadió el jurista.
La solicitud de formalización fue ingresada durante esta jornada al Juzgado de Garantía de Concepción y se espera una respuesta pronta del Poder Judicial para saber el día, la fecha y la hora en que se realizara la audiencia de formalización.
Las partes que no quedaron contentas estudian involucrar en esa audiencia otros nombres para que sea el Juzgado quien mencione si pueden ser formalizados o no.
