Con la acción, las condenadas accedieron a una rebaja en la pena.
Desde el INDH consideraron la multa final como ridícula.
La defensa de las imputadas se declaró conforme con el resultado.
Esta mañana, en el Juzgado de Garantía de Concepción se realizó una audiencia de reconocimiento de responsabilidad, en el marco del inicio del segundo juicio ordenado por la Corte de Apelaciones de la ciudad, por el caso de la comunera mapuche Lorenza Cayuhan, quien fue sometida a un parto mientras estaba engrillada cumpliendo una condena de prisión.
En la audiencia, las gendarmes Cristina Segundo y Andrea Concha, reconocieron su culpabilidad en el delito de vejaciones injustas y con esta acción, bajaron en un grado la pena que solicitaba el Ministerio Público.
Originalmente la Fiscalía buscaba una sanción de un año de suspensión de su cargo y multas por 11 UTM, pero con la atenuante, se les condenó solo al pago de 2 UTM (poco menos de 100 mil pesos).
El fiscal Nelson Vigueras, que investigó más de tres años el caso, manifestó que se sienten conformes ya que "en parte se ha dado tranquilidad a la víctima, reconocemos como valor que se ha establecido una verdad judicial".
Además, agregó, "que se ha evitado una revictimización de la señora Lorenza, de su familia y de su comunidad" y, también que "se le abre la posibilidad para que ella haga uso de las acciones indemnizatorias que estime en el caso".
César Ramirez, abogado defensor de las gendarmes indicó que "para nosotros es una pena de multa, por un comportamiento que desde nuestro punto de vista siempre fue el no adecuado al ir ellas a comprar en un proceso de parto. Creemos que es acorde, corresponde, no correspondía la sanción que se pedía anteriormente, ni el contexto que se enfocaba por parte de los otros intervinientes en el procedimiento".
Condena "ridícula"
En contraste, Carolina Chang, directora regional del Instituto de Derechos Humanos afirmó se mostró disconforme con la multa: "en relación a la grave violación de derechos humanos que fueron estos hechos, parece hasta incluso un poco ridículo".
"Entendemos que el Estado de Chile no cumple con las garantías básicas en violaciones de derechos humanos, en particular la garantía de no repetición y de reparación de la víctima, sobre todo porque la sanción es muy exigua", sentenció Chang.
El segundo juicio se realiza luego del recurso de nulidad del primer proceso, presentado por la familia de la comunera y aprobado por la Corte de Apelaciones. En ese primer juicio, fueron absueltos los tres gendarmes imputados y el tribunal de alzada acogió la petición solo para el gendarme Christian Pino, pero no para Segundo y Concha, quienes fueron sometidas a un segundo juicio.
