El gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, reprochó que la querella anunciada por el Gobierno por el ataque que el viernes dejó 18 viviendas quemadas en la comuna de Contulmo, sea sólo por incendio y no invoque la ley antiterrorista.
El hecho, cuya autoría se adjudicó la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) -un grupo radical de la etnia mapuche-, se registró la tarde del viernes pasado en las orillas del Lago Lanalhue, donde cerca de 40 encapuchados arremetieron contra los inmuebles en los que, incluso, algunos se encontraban con moradores.
"El Gobierno no responde a presiones, sino a convicciones, y tenemos la convicción de avanzar en el camino del diálogo pero para llegar a soluciones", dijo ayer lunes la ministra vocera, Camila Vallejo, ante las exigencias formuladas por la RML, y confirmó que el Ejecutivo de Gabriel Boric -a través de la Delegación Presidencial Regional- presentará su primera querella por hechos de violencia en la macrozona sur.
El gobernador Díaz valoró la decisión, pero criticó que la acción penal no considere que se trata de un acto terrorista y sólo persiga el delito de incendio.
"Mantengo mis dichos, la acción que ocurrió es una acción de terrorismo de la A a la Z", enfatizó la autoridad regional.
"El Gobierno ha tomado su decisión, (pero) esa calificación no la comparto. Creo que se debiera recurrir a otra normativa. Comparto que haya una querella, (pero) creo que solo ir por la ley de incendios, que aunque tiene penas muy altas y similares a la ley de terrorismo, no es el camino más adecuado", comentó.
Desde el Ejecutivo, la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, defendió la querella afirmando que, en opinión de La Moneda, los hechos ocurridos son delitos comunes.
"Fue una definición que se tomó en el comité político respecto de la gravedad del hecho", explicó la autoridad regional, precisando que "no es un secreto cuál es nuestra visión sobre el uso de la Ley de Seguridad Interior del Estado, y lo estamos analizando, pero en este caso no lo vamos a utilizar, porque consideramos que es un delito común".
Dredsner enfatizó que "es un delito terrible, espantoso, pero no está entrando, a nuestra perspectiva, en la Ley de Seguridad Interior del Estado".
