El GORE busca desalojar a los habitantes de la toma Juan Riquelme debido a diversos episodios de violencia en el sector.
Como respuesta ante las continuas problemáticas originadas por los vecinos de la toma Juan Riquelme en Concepción, el gobierno buscaría hacer uso de la ley de usurpaciones para así subsanar la situación vivida en la toma penquista.
El descontento vecinal se produce debido a la falta de seguridad en el sector, lo que se sumó al homicidio de un hombre de 21 años mientras se encontraba de fiesta en un domicilio perteneciente a la toma.
Cabe recordar que la ley de usurpaciones busca castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes ilegales.
La delegada presidencial regional del Biobío, Daniela Dresdner, se refirió a los hechos señalando que "esta es una faja de propiedad fiscal, por lo tanto, podemos actuar sobre ella. No existe ningún impedimento para la actuación que exista sobre esa faja".
La autoridad añadió que "estamos coordinando a las distintas instituciones que velan por esta situación para actuar de una manera ordenada y eficaz para garantizar la seguridad de las familias".
Asimismo, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, señaló la delicadez de la situación debido a la presencia de menos de edad y adultos mayores dentro de la población, por lo que "hay que trabajar de manera integral, con soluciones habitacionales definitivas".
"Ese catastro lo ha hecho el municipio, y ahora lo que tenemos que hacer es cómo restituimos esa faja fiscal al Estado, porque se está ocupando de manera irregular", destacó.
Desde el municipio coinciden en que las personas que habitan la toma Juan Riquelme deben realizar el desalojo de los terrenos, debido a la ilegalidad en el uso y además, la presencia de diversos negocios irregulares como por ejemplo un prostíbulo, en el cual una persona fue baleada a finales del año pasado.
