Incendio en hogar de ancianos de Chiguayante: Imputada no podrá salir del país
Siniestro ocurrido en 2018 causó la muerte de 10 mujeres.
Familiares de las fallecidas afuera del Palacio de Tribunales de Concepción.
Siniestro ocurrido en 2018 causó la muerte de 10 mujeres.
Familiares de las fallecidas afuera del Palacio de Tribunales de Concepción.
Por 10 cuasidelitos de homicidio y un cuasidelito de lesiones graves fue formalizada Marta López Jensen, ex administradora del hogar de adultos mayores Santa Marta de Chiguayante, donde en agosto de 2018 diez ancianas murieron en medio de un incendio.
López Jensen es hasta ahora la única imputada por el Ministerio Público, que formalizó los delitos ante el Juzgado de Garantía de la comuna.
Ante esto la justicia decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual ante Carabineros.
Según la Fiscalía, el origen del siniestro radicó en una estufa a combustión lenta, la cual el fiscal Patricio Aravena calificó como artesanal y de deficiente instalación.
Por su parte, Pierre Louit, familiar de Deyanira Venegas, una de las fallecidas en el hogar, anunció que iniciarán acciones civiles contra López y contra instituciones como la Dirección de Obras Municipales, entre otras.
"Si, hay una acción civil contra ella, que es la principal responsable, y contra organismos públicos: la Dirección de Obras Municipales -a través de su la Municipalidad de Chiguayante- la Seremi de Salud y el Serviu, que fiscaliza", afirmó el familiar afectado.
En esta línea, indicó que "buscamos más que nada la justicia, que se sepa la verdad y que se transparente todo lo que debieran cumplir estos lugares, para que no pasen por alto todas las normas y reglamentos que tienen que cumplir", destacando también que en los hares de adultos mayores "no tenemos un aparato o un mueble, son personas".
El Tribunal de Garantía de Chiguayante fijó seis meses al Ministerio Público para la investigación del Hogar Santa Marta, el que desde 2015 estaba bajo la administración de la imputada.
ABOGADO QUERELLANTE: "EL ARRAIGO NACIONAL ES UNA MEDIDA DE BAJA INTENSIDAD"
El abogado querellante Enrique Hernández explicó que el tribunal "no debe dejar de atender a las consecuencias que se producen con el hecho punible, más allá de la penalidad que estos tengan en su carácter de cuasidelito".
"Nosotros estimamos como parte querellante por mis representados que se respete la proporcionalidad, ya que arraigo nacional y firma mensual son medidas cautelares de baja intensidad, que pueden ser aplicadas conjuntamente en casos como el que nosotros estamos atendiendo", agregó el jurista.