La seremi de Vivienda en el Biobío, Claudia Toledo, y el director regional del Serviu, Eduardo Arriagada, llegaron hasta al la Fiscalía para hacer entrega de todos los antecedentes vinculados a la asignación directa de un contrato con la fundación Urbanismo Social, en medio de la indagatoria que abrió el ente persecutor en la última jornada.
Dicha fundación se adjudicó un contrato por 4.000 UF (unos 150 millones de pesos aproximadamente) para brindar asesoría jurídica en vivienda a los damnificados por los incendios forestales, por el cual hubo trato directo y el vínculo cuestionado es que el encargado de asentamientos precarios que trabaja en el Serviu, Vicente Guzmán (RD), era el director regional de la fundación Urbanismo Social anterior a ingresar al Gobierno.
"He venido a acompañar al director, quien ha hecho entrega de estos antecedentes correspondientes a estos contratos de acuerdo a lo que nos ha requerido la Fiscalía, de manera proactiva", detalló Toledo, que destacó la rapidez con que fueron entregados los documentos: "Esto fue ayer y hoy misma ya estamos haciendo entrega", puntualizó Toledo.
En esta línea, la seremi explicó "no es un aporte, no es una donación, no es una transferencia, sino que forman parte de una modalidad que se hizo con licitación pública y con un trato directo, de los cuales no han sido ni aportes ni donaciones, sino que se paga contra producto y no han sido todavía pagados en su totalidad".
"Son contratos que tienen una vigencia (distinta), en un caso son contratos de dos años y en otro caso son más acotados, dependiendo de la especie del contrato", cerró.
De acuerdo con la Fiscalía, el objetivo de la indagatoria es "esclarecer la presunta existencia de delitos en los traspasos de recursos públicos hacia determinadas fundaciones".
"Créanme, por favor, créanme, que las licitaciones que hace el Serviu no tienen ninguna relación política. Si me preguntan si a alguien dentro del servicio su militancia política, a nadie, eso no corresponde", comentó a su turno, incómodo, Arriagada.
Los tratos directos, aseguró, son "herramientas que el Estado nos proporciona para actuar de forma oportuna".
UNA SEGUNDA INVESTIGACIÓN DE OFICIO
En paralelo, una segunda investigación de oficio es liderada por la Fiscalía del Biobío, que tiene relación con la ONG Red Cultivarte y eventuales irregularidades en la asignación de fondos entregados por el Gobierno Regional; en este caso los montos ascenderían a 274 millones de pesos.
Según se ha informado, existe una vinculación de la presidenta y representante legal de esta ONG al alcalde de Coronel, Boris Chamorro, algo que aunque fue descartado por las autoridades regionales ayer, en las últimas horas quedó de manifiesto en una carta.
"Estamos en total disposición de entregar todos los antecedentes y documentos requeridos por este actual proceso de fiscalización. Nosotros antes de ayer hicimos ingreso a Contraloría de Concepción de todos nuestros antecedentes, contacto para cualquier revisión exhaustiva que se requiriera", aseguró Elizabeth Villanueva, cuñada del alcalde y representante legal de la Fundación.
En esta línea, dio cuenta que ven este proceso legal como "una oportunidad, porque nos permite esclarecer y demostrar toda la regularidad que ha tenido tanto nuestra etapa de postulación como de ejecución de este proyecto, que ha beneficiado a más de 500 adultos mayores"
"Tenemos todos nuestros antecedentes y no hemos perdido ninguna información que pueda dificultar este proceso, todo lo contrario. Así que estamos tranquilos y esperamos que este proceso se dé de la manera más transparente posible", puntualizó la representante de la ONG.
