La instancia está compuesta por agrupaciones de la sociedad civil y organismos públicos y privados.
Su principal propósito es proteger y velar por el correcto uso de las aguas del torrente.
La JVBB puede tener personalidad jurídica y accionar legalmente para proteger el agua del río.
La Junta de Vigilancia del Río Biobío (JVBB) legalizó su registro ante la Dirección General de Aguas, en lo que constituye su cumplimiento cabal a todos los requerimientos legales para obtener personalidad jurídica y formalizar su trabajo por la gestión sostenible del uso de las aguas de la cuenca, una de las más importantes del país.
Juan Vallejos, administrador de la Asociación Canal Biobío Negrete y presidente de la JVBB dijo que "la coordinación y colaboración en el uso de las aguas del Biobío ha sido una larga aspiración regional y que gracias al esfuerzo y compromiso de sus adherentes y de los organismos públicos involucrados ha alcanzado su registro legal para la conservación de los ecosistemas hídricos que dependen de las aguas del río Biobío".
Agregó que "las juntas de vigilancia son la mejor alternativa que tiene el país para el adecuado uso de sus cuencas".
Para el vicepresidente de la Junta de Vigilancia del Biobío, Cristián Vergara, gerente general de Essbio, "lo más relevante es que el futuro nos demanda acuerdos y la asociatividad es el camino para lograr una mejor gestión del agua. Este nuevo hito logrado por nuestra organización así lo ratifica".
El delegado presidencial regional, Patricio Kuhn, apuntó que "uno de los ejes estratégicos del Gobierno es promover una agricultura moderna y para lograr esto el riego es fundamental, por lo tanto, que la región del Biobío cuente con una sólida organización en la gestión de los recursos hídricos incide directamente en mejorar el riego".
Esta organización permitirá una gestión integrada y sostenible de la principal cuenca de la Región del Biobío, sin fines de lucro, contemplada en el Código de Aguas, que agrupa a los usuarios de esta cuenca, para mejorar la gestión de sus aguas.
A la vez permitirá una correcta distribución de las aguas, es decir, conforme a los derechos de cada miembro, evitar extracciones ilegales, hacer frente a proyectos perjudiciales para los recursos hídricos. Además, podrá generar, sistematizar y entregar información de la cuenca y tomar medidas preventivas frente a posibles desastres naturales.
