La Junta Nacional de Bomberos reiteró su decisión de intervenir la repartición de la comuna de Penco, Región del Biobío, tras una serie de polémicas y graves problemas, incluso judiciales, entre ellos, una denuncia de abuso sexual.
La intervención al Cuerpo de Bomberos de Penco fue determinada por la comisión de investigadora de la institución, tras detectar boletas falsas y luego de una desenfrenada fiesta que incluyó consumo de drogas -reconocido por voluntarios-, alcohol, peleas, y que terminó con una denuncia por presunto abuso sexual cometido contra una voluntaria de la Segunda Compañía de la comuna.
En este marco, la Junta Nacional respondió al rechazo manifestado por el Cuerpo de esa localidad a la medida dispuesta, y advirtió que aplicará otras medidas para presionar que acepte la intervención, debido a "las reiteradas infracciones estatutarias y reglamentarias".
Mediante una carta, Raúl Bustos, presidente nacional de Bomberos, detalló al Cuerpo de Penco que la intervención, "que puede alcanzar hasta un año, a objeto de garantizar el buen funcionamiento de los órganos administrativos, de tal manera de dejar una institución validad ante su comunidad".
Asimismo, planteó que "no tiene ningún inconveniente" en reunirse con los integrantes de Bomberos de Penco, en un encuentro a convenir, para explicarles los alcances de la medida, para "resolver la profunda crisis institucional para la cual atraviesa esa corporación".
Medidas de presión contra el Cuerpo
De todas maneras, ante la actual negativa de dicho Cuerpo de Bomberos, la Dirección Nacional de la institución le suspendió varios beneficios.
El presidente regional de Bomberos, Dino Olivieri, confirmó que "indudablemente van a perder una serie de beneficios de la Junta Nacional mientras se estén negando, entre ellos, un cuartel de la Cuarta Compañía de Bomberos que estaba en orden de prioridad para poder hacer estudios de suelo y de diseño (para una renovación), y eso ya se perdió".
Asimismo, "se postergaron las capacitaciones del Cuerpo de Bomberos de Penco hasta que la situación se normalice".
"Lo más probable -advirtió- es que la Junta Nacional, el segundo paso que dé, es pasarlo al tribunal de honor, y luego con ese informe, la autoridad competente puede determinar, a través del Ministerio de Justicia, incluso la pérdida de la personalidad jurídica".
