A pocos meses de cumplirse 10 años del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, Cooperativa Regiones obtuvo vía transparencia, información sobre los miles de millones de pesos que el fisco se ha visto forzado a pagar por demandas indemnizatorias y la abultada suma que se expone, aún, a pagar por causas pendientes.
El Estado ha sido condenado a pagar 7.175 millones de pesos (equivalente a 10 millones 310 mil dólares) en indemnizaciones a los familiares de las víctimas de esta tragedia.
La catástrofe del 27F dejó 156 personas fallecidas y 25 desaparecidas, según las cifras oficiales. En su mayoría, las víctimas se concentraron en las regiones del Maule y el Biobío.
En un documento obtenido vía transparencia, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), informó a Cooperativa Regiones que en total hubo -ya no habrá más- 63 demandas individuales y colectivas que buscan una compensación por la falta de servicio por parte de las autoridades, que esa madrugada cobró la vida de alguno de sus seres queridos.
De la totalidad de las demandas, en 25 causas el Fisco no fue condenado ya sea porque el querellante desistió de la demanda o porque el CDE ganó el juicio. En las 24 restantes el Estado perdió.
Restan, sin embargo, otras 14 causas que todavía no tienen resolución judicial y que en cuanto a las aspiraciones de las familias, son las más cuantiosas ya que demandan en total 42.105 millones de pesos (unos 60,5 millones de dólares).
Demandas por regiones:
Valparaíso: 6 causas. Demanda $68.607.356.000 / Se ha pagado $480.000.000
Metropolitana: 12 causas. Demanda $26.919.807.000 / Se ha pagado $3.150.000.000
O'Higgins: 1 causa. Demanda $800.000.000 / Se ha pagado 0
Maule: 15 causas. Demanda $51.940.000.000 / Se ha pagado 1.605.000.000
Biobío: 29 causas. Demanda $22.939.377.425 / Se ha pagado 2.050.000.000
¿Cuánto dinero le ha costado al Estado indemnizar a los familiares de víctimas del 27F? by Cooperativa.cl on Scribd
Historias pendientes
La madrugada del 27F, Felipe Sáez Contreras, de nueve años, se encontraba acampando en la Isla Orrego, ubicada en comuna de Constitución. El menor desapareció luego de que las aguas del río Maule arrasaran el sector producto del tsunami. Su madre, María Contreras, aún espera por una resolución de la Justicia.
En medio de su incesante búsqueda, un buffet de abogados llegó a ofrecer ayuda a la madre y se encargaron de los trámites jurídicos, previa firma el 30 de marzo de 2010 de un contrato. Su hijo apareció el 14 de abril de ese año. Sin embargo, la mujer dice haber olvidado el contenido del papel firmado.
"Llegó una plata de cuando tuvieron que pagar la gente que estuvo esa noche del 27F -en la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi, dependiente del Ministerio del Interior)- Carmen Fernández y toda esa gente. Ahí llegó una plata para nosotros los afectados", recuerda María.
"Ahí recién nos dimos cuenta que habíamos firmado un contrato y que estábamos demandando al Estado. En ese momento recién nos dimos cuenta lo que habíamos firmado, lo que estábamos haciendo y hoy en día no tenemos mucha claridad porque no tenemos contacto con los abogados actuales", agregó.
La de María es una de las causas colectivas que restan por fallar y que de forma paralela enfrentan un litigio con los abogados, ya que cuando ellos aún no encontraban a sus deudos, firmaron un contrato que pactaba el pago del 35 por ciento de lo indemnizado como honorarios de los letrados.
Falta de servicio
Para acceder a una indemnización, la abogacía chilena debió presentar pruebas que demostraran la falta de servicio del Estado que derivaron en la muerte o desaparición de las personas la madrugada del 27 de febrero de 2010.
Los abogados, en las 63 causas, demandaron al Fisco en 171 mil 206 millones de pesos (251,7 millones de dólares), en su mayoría bajo la modalidad de cuota litis, es decir, que los honorarios son pagados en un porcentaje del monto final sentenciado.
Desde que comenzaron los procesos judiciales, los litigios se han extendido más de lo que habitualmente se demoran las causas civiles.
Marcelo Parodi, presidente del Colegio de Abogados Regional Concepción, apunta a que "la ley exige acreditar la falta de servicio. Ahora, habría sido deseable, dada esta catástrofe, y especialmente en la Región del Biobío donde se ha establecido objetivamente la responsabilidad de agentes del Estado, que se hubiese agilizado el pago de estas indemnizaciones".
"El fisco es representado por el CDE, con el objeto entiendo yo, de desalentar la proliferación de demandas. Tiene como política agotar las instancias judiciales y eso implica, con el desarrollo de los juicios, un periodo prolongado pero que en ningún caso debiese exceder los tres años".
Esto debido a que prontamente se cumplirán 10 años. "Eso no tiene justificación", cerró el jurista.
Gobierno espera que se aceleren los procesos
La falta del servicio de agentes del Estado como el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y la Onemi, repercuten legalmente en la repartición pública que las cobija: el Ministerio del Interior.
El titular de la cartera, Andrés Chadwick, afirmó en conversación con Cooperativa Regiones que "quisiéramos que esas indemnizaciones puedan llegar lo más pronto posible a las víctimas, y el Consejo de Defensa del Estado tiene todos sus procedimientos".
"A veces tardan más de lo que uno quisiera como autoridad porque lo primero que tiene en su preocupación son las víctimas, pero hay que cumplir paso a paso, nuestra preocupación son las víctimas y tratamos de agilizar esos procedimientos", señaló el secretario de Estado.
Sobre el trámite de los procesos, el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, explicó que "no se puede garantizar", el pago de las causas pendientes antes de cumplirse una década del terremoto y posterior tsunami, "porque estas son causas civiles y las causas civiles marchan al impulso de las partes".
"Desde luego, las demandas por indemnización no se presentaron de inmediato, se presentaron algún tiempo después, enseguida hay todo un proceso probatorio en que las partes van indicando cuáles son las pruebas que van presentar y se va desarrollando todo el proceso probatorio", detalló.
El portavoz del máximo tribunal precisó que "enseguida viene el tiempo para que el tribunal de primera instancia dicte sentencia, probablemente va a ser apelado por la parte civil o por el Consejo de Defensa del Estado, y de ahí probablemente habrá casación, entonces, el tiempo que falta es bastante".
