El subsecretario afirmó que el Gobierno quiere fortalecer la ley que permite perseguir a las organizaciones criminales.
Ésta se realiza, actualmente, "en base a una figura penal de 1874", apuntó.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que el Gobierno buscará fortalecer la ley que permite perseguir organizaciones criminales, cuyo cuerpo legal dataría del año 1874.
La autoridad de Gobierno lideró un comité extraordinario policial con el fin de definir rutas para combatir el crimen organizado en la Macrozona Sur, esto en el marco de los ataques incendiarios ocurridos en la últimar jornada, entre ellos, la quema de la casa patronal del fundo Los Ajos, ubicado en el sector de Quinquilco, en la zona sur de Tirúa.
"La persecución de organizaciones criminales se está haciendo en base a una figura penal de 1874. Aquí las técnicas especiales de investigación que se utilizan, por ejemplo, en la persecución de delitos vinculados al tráfico de droga como los agentes encubiertos, los agentes reveladores, las entregas vigiladas; tienen que ser técnicas de investigación que puedan aplicarse no a delitos específicos, sino a la persecución de organizaciones criminales", señaló Monsalve.
"Vamos a presentar una indicación sustitutiva para dotar al Estado y, particularmente, al Ministerio Público y a las policías de la facultad de utilizar técnicas especiales en la investigación", indicó.
El ex diputado remarcó que el trabajo de persecución penal una vez presentada la querella "no es una tarea del Gobierno, es una tarea de la fiscalía. Es tan así, que durante el 2021 se presentaron cerca de 1.200.000 querellas en todo Chile, el Gobierno a través del Ministerio del Interior presentó 37 querellas en 2021".
"La persecución penal, por mandato constitucional, está radicada en el Ministerio Públicos y en las fiscalías. El Gobierno se querella cuando hay hechos que pueden alterar el orden público y la seguridad, entonces aquí hay una tarea de persecución penal que hay que fortalecer. En ese sentido, hemos acordado generar una mesa entre el Gobierno, PDI, Carabineros de Chile y Fiscalía, porque aquí hay que fortalecer las capacidades de persecución penal", declaró.
Consultado por la ausencia en el comité policial del delegado presidencial en la Provincia de Arauco, Javier Ponce, Monsalve evitó descartar o confirmar una posible renuncia de la autoridad, pero afirmó que "respecto a la situación política" de la zona "nosotros tomaremos decisiones y es evidente que tenemos que fortalecer las capacidades del Gobierno en la Provincia de Arauco, y no quepa duda que, por lo menos en mi caso, vamos a tomar decisiones para aquello".
El fiscal nacional, Jorge Abbott, reconoció que "la Ley Antiterrorista no otorga especiales facultades o beneficios al Ministerio Público para la investigación de estos hechos".
"Salvo la circunstancia de poder mantener en reserva por un tiempo mayor que la que establece la legislación común, en general la Ley Antiterrorista no es una ley que sea invocada habitualmente por los fiscales, puesto que hay otras figuras legales que permiten tener una investigación con muchos instrumentos o herramientas que las que nos entrega la Ley Antiterrorista", dijo el jefe de los persecutores.
"No tengo la información, pero el fiscal regional acá está presente y, por lo que recuerdo, actualmente no debe haber muchas investigaciones que se estén llevando adelante al amparo de esa ley", añadió.
