Esto a fin de que se realice un estudio del impacto ambiental de la obra.
"El puente tiene que cumplir con la ley", resaltó el parlamentario.
El parlamentario quiere que el nuevo paso cumpla con todas las medidas contempladas en la legislación.
El senador Alejandro Navarro (PAIS) presentará la próxima semana una acción judicial para paralizar la construcción del puente Bicentenario en Concepción.
Esto, explicó el parlamentario, porque el proyecto no cuenta con un estudio de impacto ambiental, pese a que hubo una intervención del río Bíobio.
"La etapa que se está desarrollando requiere cumplir la ley, el puente industrial fue paralizado por el mismo motivo y yo espero, en los próximos días, tener agotados (...) hemos pedido muchos oficios, hay retraso en la entrega de los oficios para la fundamentación de nuestra presentación", explicó Navarro.
"Vamos a exigir estudio de impacto ambiental al puente Bicentenario, no porque queramos perjudicar a nadie sino por la igualdad ante la ley. El puente tiene que cumplir y creo que lo que partió mal, no puede continuar mal", añadió el legislador.
El senador Navarro recurrió además a Contraloría para exigir que Sacyr, empresa que realizó un contrato por casi 2 mil millones de pesos con el MOP, retire,desde la cota cero, las basas del puente viejo ya que ponen en riesgo la construcción del nuevo paso.
Seremi de obras Públicas: "Pedir la paralización es irresponsable"
Para René Carvajal, actual Seremi de Obras Públicas de la Región del Biobío, el proyecto está en regla y es irresponsable solicitar la paralización.
"Plantear a esta altura que se suspenda el trabajo y se paralice el puente nos parece bastante irresponsable, para decirlo con harta claridad. Éste es un puente que necesita la región, que está avanzando y que va a ser una solución importante a la conectividad. Plantear una solución de esa manera es bastante equivocado y no es pensar en la gente", aseguró la autoridad.
"Este es un proyecto que estamos terminando, que asumimos de la anterior administración, que vamos a terminar adecuadamente en el primer trimestre del 2018, y que cumple con toda la normativa legal del país, especialmente la medioambiental", concluyó Carvajal.
