Según el municipio se le entregará solución a siete familias que efectivamente viven ahí.
La autoridad detectó que algunas son segundas viviendas en territorios tomados.
La justicia determinó la ilegalidad de las construcciones en notificadas en Tomé.
La Municipalidad de Tomé notificó la orden de desalojo a 55 viviendas auto construidas frente al mar en el sector Tres Pinos, en el antiguo camino por el que llegaba el ferrocarril a la costera comuna de la Región del Biobío, ubicadas entre la playa Bellavista y Punta de Parra.
Según el alcalde Eduardo Aguilera "es una situación que nos preocupa y que tras los distintos procedimientos legales se ha podido llegar a ejecutar esta acción, más de 50 viviendas, de las cuales el municipio ofició por 7 casos sociales al Serviu a fin de buscar una alternativa de solución. Tras este procedimiento, cada morador tiene 20 días hábiles para desarmar estas instalaciones".
La autoridad detectó que de la totalidad, aparte de las siete familias que efectivamente viven allí, más de una veintena son casas de agrado en terrenos tomados y el restante son construcciones de personas que ni siquiera viven en Tomé.
La visión de los desalojados
En el lugar, quien aseguró vivir allí es Vladimir Vega, presidente del sindicato de pescadores y recolectores Tres Pinos. El dirigente dijo que "nos piden el desalojo porque supuestamente estamos en un asentamiento que ellos nos dicen como toma, pero no lo tenemos como toma porque trabajamos ahí".
Añadió que "hay gente que vive ahí desde que estaba el ferrocarril, lo que pasa es que antes nosotros teníamos el asentamiento en la playa, pero con lo que pasó con el terremoto nos fuimos más arriba".
Consultado por Cooperativa si es que tienen como demostrar que los terrenos son de su propiedad, indicó que no entregaría más detalles ya que eso está en manos de un asesor legal.
Previo a la orden de desalojo hubo un largo litigio judicial en que la justicia determinó la ilegalidad de las construcciones y su ubicación ya que la faja pertenece a Ferrocarriles traspasados en comodato a la municipalidad tomecina.
El plazo vence a fin del mes de agosto. Si no desarman, se demolerá y el costo será traspasado a quien se reconoce como propietario irregular de las instalaciones.
