La Fiscalía busca una condena de tres años y un día de cárcel para el uniformado.
Es acusado de usar su arma de servicio y dañar gravemente a manifestante en Concepción.
Juicio se extendería por 10 días en el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción.
Este lunes comenzó el primer juicio oral contra un agente del Estado por el presunto delito de violencia innecesaria contra un manifestante en el marco del estallido social en la Región del Biobío.
La audiencia comenzó con los alegatos de apertura por parte de la Fiscalía, desde donde acusan al sargento Víctor Torres de disparar a G.T.A con su arma de servicio el pasado 6 de marzo de 2020 en la esquina de Paicaví con San Martín en Concepción, provocándole graves heridas a la víctima.
AHORA| Un joven de 23 años fue baleado en la calle San Martín al llegar a Janequeo en Concepción en medio de manifestaciones. El herido ingresó con herida de bala al Hospital Regional, esposado. Al entrar a urgencias hubo incidentes en sala de espera con Carabineros @Cooperativa pic.twitter.com/mMnB6o98YI
— Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) March 7, 2020
Nelson Vigueras, fiscal de Concepción, explicó que "se acusa a un funcionario de Carabineros del grupo de motoristas por haber realizado un disparo en forma irracional, desproporcionada a un joven que lo empuja totalmente desarmado y que resulta gravemente lesionado en su pierna izquierda".
"La Fiscalía ha iniciado el desarrollo de este juicio con la exhibición de videos que en nuestro concepto son bastante gráficos de la forma en que ocurrieron los hechos, que echan por tierra cualquier planteamiento que la defensa ha esbozado y en el sentido de acreditar la falta de racionalidad del medio que empleó el funcionario policial", agregó.
El policía es representado por el defensor regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, quien contra argumentó que "es atacado por la espalda, cae al piso y nuevamente es atacado en una segunda oportunidad por la espalda y nuevamente cae al piso tiene derecho legítimo a utilizar su arma de servicio para disuadir ese ataque".
"Es un funcionario policial que en el contexto de las manifestaciones sociales fue atacado en reiteradas oportunidades por personas que lo rodearon, le tiraron piedras, lo amenazaron de muerte y en ese contexto hizo uso de su arma de servicio intentando causar el menor daño posible para luego intentar huir del lugar. Esa conducta de defenderse con lo que racionalmente tenía a la mano está justificada por el derecho y se denomina legítima defensa", aseguró.
Se espera que el juicio se extienda por 10 días y el Ministerio Público espera una condena de tres años y un día para el funcionario policial acusado.
